En el sector hidrocarburos de México, buena parte de las empresas considera que cumple con las exigencias regulatorias hasta que aparece una inspección, una observación administrativa o incluso una sanción. Saidh Martínez García, Director de Operaciones de ASSIST Consulting, expresó a Surtidores Latam que el problema no está necesariamente en la intención de las compañías, sino en la manera en que gestionan sus obligaciones ante las autoridades.

El especialista planteó que muchas fallas no nacen por desconocimiento absoluto de la normativa, sino por procesos fragmentados dentro de las propias organizaciones. “El problema no radica en la falta de voluntad de las empresas para cumplir, sino en la forma en que se aborda el cumplimiento de la regulación”, sostuvo Martínez García.

En este sentido, el mismo sostuvo que el sector energético mexicano opera bajo una estructura normativa cada vez más amplia, donde convergen obligaciones vinculadas con seguridad industrial, protección ambiental, permisos operativos, informes administrativos y autorizaciones emitidas por distintas entidades gubernamentales.

Cuando estas exigencias son atendidas de forma improvisada o aislada, aparecen atrasos, inconsistencias técnicas y observaciones oficiales que pueden derivar en multas o complicaciones operativas.

Uno de los puntos más llamativos es que numerosas empresas suelen concentrarse únicamente en los trámites más visibles, dejando de lado obligaciones secundarias o reportes periódicos que terminan generando problemas administrativos con el paso del tiempo.

Martínez García señaló que el primer paso para evitar estas situaciones consiste en conocer profundamente la actividad que realiza cada empresa. Explicó que no enfrenta las mismas exigencias una estación de servicio, una compañía transportista o una instalación de almacenamiento de combustibles, debido a que cada operación posee riesgos, procesos y obligaciones diferentes.

A partir de allí, el documento identifica nueve factores que suelen aparecer en las empresas con mayores niveles de cumplimiento regulatorio. Entre ellos menciona la identificación total de obligaciones aplicables, la comprensión de las prioridades institucionales, la jerarquización de riesgos regulatorios y la coordinación permanente entre las áreas técnicas y operativas.

En este último aspecto, el trabajo pone especial atención sobre uno de los problemas más habituales dentro del sector energético, la desconexión entre quienes operan las instalaciones y quienes administran el cumplimiento normativo.

“Las decisiones operativas, como ampliar instalaciones, modificar procesos o cambiar equipos, pueden generar nuevas obligaciones regulatorias o requerir autorizaciones previas”, explicó el especialista.

Otro elemento señalado por Martínez García es la falta de planificación. El análisis indica que muchas compañías atienden auditorías, verificaciones o renovaciones de permisos a último momento, situación que eleva costos y disminuye la calidad técnica de los documentos presentados ante la autoridad.

El trabajo también incorpora una dimensión económica poco abordada dentro de la industria. Según el experto, numerosos incumplimientos ocurren simplemente porque las empresas no destinan partidas presupuestales específicas para estudios técnicos, auditorías, verificaciones o adecuaciones de infraestructura.

A ello se suma el incremento de exigencias regulatorias que, en algunos casos, obliga a realizar inversiones adicionales para mantener permisos vigentes o cumplir nuevas disposiciones técnicas.