En junio de 2025 las autoridades federales encontraron una refinería clandestina en una carretera cerca de Coatzacoalcos, Veracruz, y hace una semana hallaron otra en las afueras de Reynosa, Tamaulipas. Son dos casos aislados, pero no se puede descartar un fenómeno en crecimiento que debe ser atendido.

Una refinería es una instalación con alta sofisticación técnica, porque si algo falla, no se produce combustible con la calidad deseada. En el país existen pocas personas que tienen conocimientos suficientes para instalar una refinería y el 90 por ciento de éstos trabaja en Pemex.

Lo anterior se traduce en el hecho de que resulta casi imposible que no hubiera participación de empleados o exempleados de la petrolera en los montajes de las refinerías clandestinas de Reynosa y Coatzacoalcos.

Cada año Pemex pierde casi 20 mil millones de pesos por culpa del huachicol y el huachicol fiscal, y la aparición de minirefinadoras clandestinas no hace más que agravar el problema, porque es una competencia desleal a la empresa paraestatal, ya que ese combustible puede venderse más barato porque no paga impuestos.

No es de extrañar que, con este escenario, Pemex opere desde hace años entre números rojos y ganancias mínimas. La empresa, por tanto, está en crisis y debería ser la primera interesada en poner toda su experiencia para combatir estos delitos que merman sus ingresos.

Lo paradójico es que todo indica que hay empleados que colaboran con el crimen organizado, obteniendo beneficios personales a costa de los ingresos de la empresa, y estos trabajadores son los que tienen más conocimientos y mayor influencia, es decir, los que más ganan en la petrolera.

Ante este escenario, el combate a las refinerías ilegales y al huachicol requiere desarrollar mecanismos de investigación dentro de la empresa en conjunto con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que permitan identificar a los que forman parte de las redes internas de corrupción.

Un ejemplo claro de ello es la deficiente supervisión de Pemex a las gasolineras, ya que el combustible de las refinerías clandestinas y el que ingresa por huachicol llega a los consumidores a través de estaciones que tienen una concesión, pero rara vez vemos que se les retire dicho permiso por vender combustible ilegal.

De acuerdo con estimaciones de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), hasta el 30 por ciento del combustible que se vende en las estaciones del país es producto del huachicol, pero los supervisores de Pemex no detectan a las gasolineras que caen en esta práctica.

De igual forma, es inexplicable que, después de que se haya documentado la entrada de millones de litros de huachicol fiscal a través de las aduanas portuarias, Pemex no haya mostrado interés alguno en solicitar la presencia en las mismas de personal de la empresa, al menos para intentar parar el flujo.