Esto permitirá que las empresas que operan bajo la figura de despacho de autoconsumo puedan seguir funcionando mientras obtienen el registro, y evitar ser sancionados por la Fiscalía General de la República o la Guardia Nacional, informó la CNE en un comunicado.

Sin embargo, especialistas advirtieron que el reto es que este trámite no sea una carga regulatoria pesada, pues estas instalaciones son diferentes a las de una gasolinería.

El registro permitirá identificar instalaciones existentes, fortalecer la trazabilidad de las operaciones y establecer un mecanismo de transición regulatoria para todas las personas que realizan la actividad, informó la CNE.

"Las empresas que tienen despacho para autoconsumo suministran gasolinas, diesel o gas LP a sus vehículos para realizar las actividades relacionadas directamente con su actividad, y no se puede vender a terceros ni ceder, traspasar o transferir combustibles", añadió.

En las próximas semanas se publicará el programa de registro, el cual se buscará que sea temporal, ágil y excepcional para obtener el permiso.

La CNE dijo que informó a la Fiscalía General de la República y a la Guardia Nacional sobre este programa y las acciones regulatorias para que puedan considerar que las personas que estén registradas cumplen con los requisitos para realizar la actividad.

Marcial Díaz, socio director de QUA Energy Consultores, expresó que la medida representa una señal positiva para las empresas que esperaban un mecanismo claro para regularizar sus actividades conforme a la nueva legislación.

"El gran reto es que no sea una carga regulatoria más, en donde se exija de más, toda vez que las instalaciones de autoconsumo en su mayoría están muy lejos de ser similares a las de una estación de servicio".

"Regular el autoconsumo es incursionar en sectores productivos que ejercen la actividad del mercado de combustibles, pues el suministro, en su mayoría diesel, se utiliza para diversas actividades", consideró.

Añadió que la CNE tiene una oportunidad de generar condiciones para que el sector privado encuentre un equilibrio con el regulador.