Prevalecerán en 2027 nuevas exigencias regulatorias en el sector
Petrointelligence identificó cuatro frentes regulatorios que podrían impactar en la operación de las estaciones de servicio durante 2027, desde un cobro adicional por desvíos volumétricos hasta desembolsos en recuperación de vapores y cambios en las reglas de distribución.
El sector gasolinero mexicano consiguió evitar una reforma fiscal que podía reducir significativamente sus márgenes, pero la tranquilidad duró poco.
Mientras una excepción en el paquete económico 2027 protegió a las empresas del rubro de una restricción a las deducciones del Impuesto sobre la Renta, otras normativas comenzaron a delinear un panorama más exigente para los puntos de venta.
El diagnóstico surge del webinar “Nueva dinámica regulatoria en el mercado gasolinero”, presentado por Alejandro Montufar Helu, CEO de PetroIntelligence.
Allí se identificaron cuatro áreas que pueden alterar los costos, los desembolsos de capital y la organización del negocio: el tratamiento fiscal de las discrepancias volumétricas, la implementación de cobros electrónicos, la recuperación de vapores y los requisitos recientes para operar como intermediario mayorista.
Una de las principales preocupaciones estaba vinculada con la propuesta de limitar las deducciones fiscales para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos.
En una actividad donde el combustible representa la mayor proporción de la facturación, restringir esos conceptos podía elevar la carga tributaria y reducir el capital disponible para sostener la operación.
La enmienda finalmente incorporó una excepción para las compañías que expenden, distribuyen o venden gasolina y diésel mediante un permiso vigente.
La Cámara de Diputados ratificó el cambio el 3 de noviembre, con 349 votos a favor y 92 en contra.
La importancia de esa exclusión se entiende al observar la estructura económica de un expendio.
Según el ejemplo presentado por PetroIntelligence, sobre un litro de gasolina regular vendido a 24 pesos, el resultado neto es de apenas 28 centavos.
En ese esquema, cualquier incremento de la carga impositiva puede tener una incidencia considerable sobre la rentabilidad.
De todos modos, el alivio no elimina las demás obligaciones que se encuentran en discusión o proceso de implementación.
Uno de los puntos que más atención debería generar entre los empresarios es el régimen tributario de las variaciones volumétricas.
La Ley de Ingresos 2027 contempla un cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre los litros vendidos por una gasolinera que superen el volumen adquirido durante el mismo mes.
La medida está prevista para el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2027, sin posibilidad de aplicar estímulos ni acreditamientos.
La preocupación radica en que una brecha entre compras y ventas no necesariamente responde a una irregularidad comercial.
Los inventarios acumulados de períodos anteriores y los desfases entre el momento de recepción del combustible y su posterior despacho pueden generar resultados que deberán analizarse bajo los criterios vigentes.
Para los operadores, el desafío será contar con controles precisos de existencias, movimientos y conciliaciones volumétricas.
Petro Intelligence advierte que todavía resta conocer la reglamentación que deberá emitir el Servicio de Administración Tributaria, por lo que el alcance efectivo de la disposición dependerá de esas definiciones.
La digitalización de los medios de pago también aparece entre los desafíos.
La reciente Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada el 4 de noviembre, establece un marco que habilita a la Secretaría de Hacienda a definir los sectores alcanzados, mientras que las autoridades correspondientes determinarán los plazos de puesta en marcha.
El problema para los establecimientos no es únicamente incorporar terminales o adaptar sus sistemas de caja.
También deben garantizar que exista infraestructura de conectividad suficiente para sostener las transacciones.
De acuerdo con los datos expuestos por PetroIntelligence, el efectivo todavía representa el 29,3% de las ventas de combustible, equivalente a unos 28.600 millones de pesos mensuales.
En la región Norte, su participación llega al 41%.
La presentación también identificó 203 locales sin cobertura móvil garantizada y otros 350 que dependen exclusivamente de la red de Altán.
Las pruebas de señal realizadas mostraron que las redes 3G y 4G se encuentran por debajo de los 5 Mbps de descarga considerados deseables para estas operaciones.
Otro frente de preocupación está relacionado con la actualización de la NOM-004-ASEA, cuyo anteproyecto ampliaría las exigencias sobre los sistemas de recuperación de vapores.
Según las estimaciones presentadas, la medida podría alcanzar a unas 6.000 estaciones adicionales, que se sumarían a las 3.063 que ya cuentan con estos dispositivos.
El desembolso necesario se ubicaría entre 3.000 y 8.000 millones de pesos, con períodos de retorno estimados de entre tres y cinco años.
Aunque estos equipos responden a objetivos ambientales y de control de emisiones, su incorporación supone una erogación que no todos los operadores podrán afrontar en las mismas condiciones.
Para las firmas con varias sucursales, la adaptación puede implicar una planificación financiera y técnica de mayor alcance.
El cuarto frente se vincula con las resoluciones de la Comisión Nacional de Energía, publicadas el 5 de noviembre, que fijan condiciones inéditas para determinados comercializadores.
La normativa exige que aquellos que suministran a otros actores del rubro acrediten la prestación de servicios logísticos y cuenten con un permiso adicional.
Para PetroIntelligence, este cambio podría afectar a terminales, transportistas y operadores que participan en distintos eslabones de la cadena sin integrar necesariamente todas las actividades.
La advertencia es que los flamantes requisitos podrían favorecer a compañías con estructuras verticalmente integradas, en detrimento de intermediarios independientes que dependen de servicios contratados a terceros.
La dimensión potencial de la medida se refleja en las 48.619 unidades que integran la flota registrada mencionada durante la presentación.
Sin embargo, todavía no existe una estimación concluyente sobre cuántos participantes podrían verse afectados.


