Precios contenidos, más fiscalización, digitalización acelerada y presiones en la rentabilidad, nuevos retos para el sector gasolinero
El sector gasolinero ha cambiado y enfrenta nuevos retos: precios contenidos, mayor fiscalización, digitalización y presión sobre la rentabilidad.
El sector gasolinero atraviesa una transformación que va mucho más allá del precio de los combustibles.
Bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el mercado se mueve entre acuerdos para contener precios, mayores controles contra el comercio ilícito, nuevas exigencias de trazabilidad y una agenda de digitalización que plantea nuevos desafíos para las estaciones de servicio.
Alicia Zazueta, CEO de eServices, comenta que ha habido muchos cambios, y si bien el marco regulatorio pueda ser modificado, éste debe adaptarse a las necesidades de la industria energética para tener un impacto positivo. Uno de los principales que enfrentan los empresarios gasolineros es el tope de precios.
Mientras los consumidores han visto aliviados sus bolsillos con la relativa contención de los precios, para quienes operan el negocio esto implica encontrar un equilibrio entre márgenes de ganancia, costos logísticos, regulación, seguridad e inversión tecnológica.
En agosto de 2026, autoridades y representantes del sector renovaron por seis meses la estrategia para mantener la gasolina regular por debajo de 24 pesos por litro y el diésel por debajo de 27 pesos.
El desafío detrás del precio
Sin embargo, mantener contenidos los precios representa un desafío para algunos empresarios.
Vender un litro de combustible implica gastos de transporte, seguridad, personal, impuestos, permisos, mantenimiento, costos financieros y comisiones por medios de pago, entre otros.
Las condiciones tampoco son iguales para una estación urbana que para otra ubicada en una carretera o región apartada.
El presidente de Onexpo Nacional, Enrique Felix Robelo, ha advertido que la industria atraviesa una transformación estructural marcada por nuevos marcos regulatorios, presión sobre los márgenes, cambios tecnológicos, exigencias ambientales y problemas de seguridad e informalidad.
Varios empresarios del sector gasolinero han declarado que mantener la política de contención de precios es muy difícil de sostener en regiones con costos logísticos elevados.
Más controles contra el mercado ilícito
El gobierno también ha reforzado los mecanismos para seguir los combustibles a lo largo de la cadena de comercialización y combatir el robo, contrabando y mercado ilícito de hidrocarburos.
Entre las nuevas herramientas se encuentran controles fiscales que permiten vincular la comercialización de gasolina y diésel con permisos vigentes, además de mecanismos de trazabilidad en el transporte mediante códigos QR, GPS y sistemas de registro.
Para las estaciones formales, esto significa operar dentro de una industria cada vez más supervisada y digitalizada.
¿El futuro será pagar sin efectivo?
Un nuevo cambio se hace cada vez más presente; la digitalización de los pagos.
En septiembre, el Ejecutivo presentó la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que continúa dentro del proceso legislativo y, por tanto, todavía no constituye una obligación vigente para las estaciones.
La Onexpo ha expresado su respaldo a la modernización y reconoce beneficios relacionados con seguridad, eficiencia, trazabilidad e inclusión financiera, pero sostiene que cualquier transición debe realizarse gradualmente y considerar las diferencias regionales.
Una de las principales preocupaciones se encuentra en comunidades rurales y corredores carreteros, donde la conectividad puede ser limitada.
Por ahora, no existe una obligación general para que las gasolineras dejen de aceptar efectivo.
Sin embargo, la discusión anticipa un mercado donde los medios digitales tendrán cada vez mayor presencia.
Una gasolinera cada vez más compleja
La estación tradicional dedicada principalmente a despachar combustible está evolucionando hacia un negocio que también debe administrar datos, controles fiscales, trazabilidad, pagos electrónicos, ciberseguridad y nuevas obligaciones regulatorias.
A ello se suma la presión permanente por mantener precios competitivos y absorber costos que varían considerablemente entre regiones.


