Pemex reporta 2 mil 400 tomas clandestinas en los primeros tres meses del año
Pemex detectó en promedio una perforación ilegal cada 53 minutos en el primer trimestre de 2025.
Pemex detectó en promedio una perforación ilegal cada 53 minutos en el primer trimestre de 2025.
Durante el primer trimestre de 2025, Petróleos Mexicanos (Pemex) identificó alrededor de dos mil 444 tomas clandestinas en ductos de gasolina y diésel a nivel nacional, lo que equivale a una perforación ilegal casi cada sesenta minutos.
Aunque la cifra representó una disminución de 19.5 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, el robo de combustibles continúa siendo una de las principales amenazas para la seguridad energética y las finanzas públicas del país, de acuerdo con especialistas.
Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y ahora bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, el combate al llamado “huachicoleo” se ha convertido en una prioridad nacional.
La estrategia ha incluido el despliegue de elementos de seguridad en zonas de alto riesgo, así como la supervisión constante de ductos y la judicialización de casos de robo de combustible.
No obstante, los resultados muestran que, si bien ha habido una reducción en las cifras generales, el delito persiste y se adapta, pues persiste en varias regiones del país, especialmente en municipios de Hidalgo y Jalisco.
Según datos de Pemex y el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) - Observatorio Ciudadano, Pemex detectó una toma clandestina de hidrocarburos cada 53 minutos 46 segundos.
En el periodo de referencia, Hidalgo se mantuvo como el estado con mayor incidencia, con 610 tomas clandestinas. Le siguieron Jalisco, con 453; Tamaulipas, que reportó 214 casos; así como Guanajuato y Querétaro, con 213 y 206 ductos ilegales, respectivamente.
Además del impacto económico, los consumidores también enfrentan riesgos asociados al consumo de gasolina y diésel adulterados, advirtió Francisco Barnés de Castro, excomisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
“Hidalgo encabezó la lista con 610 tomas clandestinas, seguido de Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato y Querétaro”.
Estas mezclas ilegales pueden provocar irritación en la piel, ojos y vías respiratorias, así como daños severos en los sistemas de combustible de los vehículos, lo que se traduce en reparaciones costosas para los usuarios.
“También pueden contener impurezas o componentes de baja calidad que dañan los sistemas de combustible, inyectores y otros componentes del motor, reduciendo su vida útil y causando fallas”, advirtió el especialista.
Por otro lado, destacó que tan sólo en los últimos seis años, las pérdidas acumuladas para Pemex y el Gobierno Federal por huachicol suman 10 mil 600 millones de dólares.
“Estas mezclas ilegales provocan irritación en la piel y daños severos en los sistemas de combustible, lo que deriva en reparaciones costosas para los usuarios”.
Hacia el final de la administración pasada, el robo de gasolina llegó a representar entre 4.5 y 8 por ciento de la producción nacional. De igual forma, el llamado “huachicol fiscal”, que es la importación ilegal de diésel, ha ganado terreno desde 2019.
Se estima que en 2024 esta práctica representó un volumen de 59 mil barriles diarios, equivalentes al 17 por ciento del consumo aparente, con un valor de mercado que rondó los nueve mil millones de dólares en el último sexenio.
“Desde hace mucho existe la preocupación por el robo de crudo, que se ha dado periódicamente a lo largo de los años, directamente de las plataformas o de los almacenamientos que Pemex tiene costa afuera”, según Barnés de Castro.
También crecen las tomas clandestinas de gas LP
El robo de gas LP también sigue siendo un desafío. Entre enero y marzo de este año, Pemex identificó 280 tomas clandestinas en ductos de este energético, una cada siete horas con 49 minutos en promedio.
Puebla encabezó la lista con 116 casos, seguido de Tlaxcala, que tuvo 61, y el Estado de México, con 55. Aunque las cifras totales muestran una ligera disminución de 5.4 por ciento anual, algunas entidades, como Hidalgo y Tlaxcala, registraron repuntes considerables.
“La continuidad de estas prácticas delictivas pone en evidencia los retos que enfrenta el gobierno para erradicar el robo de energéticos, un problema que trasciende lo económico y que amenaza tanto la integridad de las personas como la viabilidad de la infraestructura energética nacional”, comentó Salvador Soto, académico de la UNAM.
Durante el primer trimestre de 2025, Petróleos Mexicanos (Pemex) identificó alrededor de dos mil 444 tomas clandestinas en ductos de gasolina y diésel a nivel nacional, lo que equivale a una perforación ilegal casi cada sesenta minutos.
Aunque la cifra representó una disminución de 19.5 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, el robo de combustibles continúa siendo una de las principales amenazas para la seguridad energética y las finanzas públicas del país, de acuerdo con especialistas.
Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y ahora bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, el combate al llamado “huachicoleo” se ha convertido en una prioridad nacional.
La estrategia ha incluido el despliegue de elementos de seguridad en zonas de alto riesgo, así como la supervisión constante de ductos y la judicialización de casos de robo de combustible.
No obstante, los resultados muestran que, si bien ha habido una reducción en las cifras generales, el delito persiste y se adapta, pues persiste en varias regiones del país, especialmente en municipios de Hidalgo y Jalisco.
Según datos de Pemex y el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) - Observatorio Ciudadano, Pemex detectó una toma clandestina de hidrocarburos cada 53 minutos 46 segundos.
En el periodo de referencia, Hidalgo se mantuvo como el estado con mayor incidencia, con 610 tomas clandestinas. Le siguieron Jalisco, con 453; Tamaulipas, que reportó 214 casos; así como Guanajuato y Querétaro, con 213 y 206 ductos ilegales, respectivamente.
Además del impacto económico, los consumidores también enfrentan riesgos asociados al consumo de gasolina y diésel adulterados, advirtió Francisco Barnés de Castro, excomisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
“Hidalgo encabezó la lista con 610 tomas clandestinas, seguido de Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato y Querétaro”.
Estas mezclas ilegales pueden provocar irritación en la piel, ojos y vías respiratorias, así como daños severos en los sistemas de combustible de los vehículos, lo que se traduce en reparaciones costosas para los usuarios.
“También pueden contener impurezas o componentes de baja calidad que dañan los sistemas de combustible, inyectores y otros componentes del motor, reduciendo su vida útil y causando fallas”, advirtió el especialista.
Por otro lado, destacó que tan sólo en los últimos seis años, las pérdidas acumuladas para Pemex y el Gobierno Federal por huachicol suman 10 mil 600 millones de dólares.
“Estas mezclas ilegales provocan irritación en la piel y daños severos en los sistemas de combustible, lo que deriva en reparaciones costosas para los usuarios”.
Hacia el final de la administración pasada, el robo de gasolina llegó a representar entre 4.5 y 8 por ciento de la producción nacional. De igual forma, el llamado “huachicol fiscal”, que es la importación ilegal de diésel, ha ganado terreno desde 2019.
Se estima que en 2024 esta práctica representó un volumen de 59 mil barriles diarios, equivalentes al 17 por ciento del consumo aparente, con un valor de mercado que rondó los nueve mil millones de dólares en el último sexenio.
“Desde hace mucho existe la preocupación por el robo de crudo, que se ha dado periódicamente a lo largo de los años, directamente de las plataformas o de los almacenamientos que Pemex tiene costa afuera”, según Barnés de Castro.
También crecen las tomas clandestinas de gas LP
El robo de gas LP también sigue siendo un desafío. Entre enero y marzo de este año, Pemex identificó 280 tomas clandestinas en ductos de este energético, una cada siete horas con 49 minutos en promedio.
Puebla encabezó la lista con 116 casos, seguido de Tlaxcala, que tuvo 61, y el Estado de México, con 55. Aunque las cifras totales muestran una ligera disminución de 5.4 por ciento anual, algunas entidades, como Hidalgo y Tlaxcala, registraron repuntes considerables.
“La continuidad de estas prácticas delictivas pone en evidencia los retos que enfrenta el gobierno para erradicar el robo de energéticos, un problema que trasciende lo económico y que amenaza tanto la integridad de las personas como la viabilidad de la infraestructura energética nacional”, comentó Salvador Soto, académico de la UNAM.
