En la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México pugnará por la inclusión por primera vez de un capítulo energético y otro relativo al comercio electrónico y telecomunicaciones, además de buscar, de una vez por todas, un acceso irrestricto al mercado de productos agropecuarios y una actualización de los mecanismos de solución controversias comerciales.

A través del oficio “Prioridades de México en las Negociaciones para la Modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, signado por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, pero entregado por la Secretaría de Gobernación al Senado de la República, se puntualizan las prioridades que seguirá México para la renegociación del TLCAN, que iniciará el próximo 16 de agosto.

En el documento se argumenta que desde que entró en vigor el acuerdo trilateral hace 23 años, el panorama regional ha sufrido cambios considerables, en particular, en lo referente a la industria energética y el desarrollo de nuevas tecnologías.

“Hoy tenemos acceso a recursos como el gas de lutitas (shale) y el petróleo de arenas bituminosas que, de la mano con la apertura de la industria energética mexicana, generan oportunidades de inversión y asociación”, se lee en el documento, que consta de seis páginas.

Para lograr el citado objetivo, la administración mexicana considera como prioridad actualizar el alcance de las disposiciones sobre energía; impulsar el desarrollo de la economía digital, el comercio electrónico y la provisión de servicios financieros digitales.

A su vez, busca que haya un mayor acceso a los mercados de Estados Unidos (EU) y Canadá para los prestadores de servicios financieros e inversionistas mexicanos. También que exista más integración de los mercados de telecomunicaciones en los tres países.

Asimismo, pugnará por la existencia de una protección eficaz de la propiedad intelectual, manteniendo equilibrio entre el interés público y de los innovadores.

Indica que es necesario mantener el acceso preferencial para los bienes y servicios mexicanos en los mercados de los países del TLCAN. En particular, puntualiza, “facilitar el acceso de los productos agropecuarios, buscando reglas claras, procedimientos expeditos y la eliminación de barreras al comercio”.

El gobierno de México buscará también un avance hacia un comercio regional inclusivo y responsable en el que se fomente una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas.

En la asignatura laboral, el enfoque será fortalecer el cumplimiento de las disposiciones nacionales y los compromisos internacionales en materia laboral, además de buscar mecanismos innovadores de movilidad y de cooperación para desarrollar competencias laborales y nuevos modelos educativos.

A su vez, fue fijada como prioridad la promoción de certidumbre de comercio e inversiones en América del Norte. La propuesta mexicana para alcanzar este objetivo gira en torno a la necesidad de la modernización de los mecanismos de solución de controversias, así como la consolidación del régimen legal de las empresas productivas del Estado.

Pilares para la renegociación

1. Fortalecer la competitividad de América del Norte
- Garantizar acceso preferencial de mercados.
- Facilitar acceso de productos agropecuarios.
- Agilidad aduanera.
- Evitar barreras injustificadas u obstáculos encubiertos al comercio.
- No discriminación de inversionistas.

2. Avanzar hacia un comercio inclusivo y responsable
- Fomentar mayor participación de pymes.
- Respetar compromisos internacionales en materia laboral.
- Lucha anticorrupción.
- Establecer diálogo en materia de comercio y medio ambiente.
- Incorporar perspectivas de género.

3. Aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI
- Actualizar disposiciones sobre energía.
- Impulsar economía digital y comercio electrónico.
- Integración de mercados de telecomunicaciones.
- Protección eficaz de la propiedad intelectual.

4. Promover certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte
- Consolidar régimen legal de empresas productivas del Estado.
- Modernizar mecanismos de solución de controversias.
- Promoción de la libre competencia.
- Brindar certidumbre jurídica en contrataciones públicas.