En México hay más de 400 conflictos socioambientales en todos los sectores extractivos, no sólo energía- que ponen de manifiesto la conveniencia de tener una lectura exhaustiva de los actores locales, regionales y nacionales involucrados en un proyecto. Dentro de ellos, 54 proyectos energéticos y 100 mineros se encuentran en riesgo, ante esos problemas.

Por esa situación, podrían perderse millones de dólares en inversión productiva, así como miles de empleos para los trabajadores por inconvenientes que van desde la tenencia de la tierra, la contaminación, afectaciones a sitios religiosos o arqueológicos, seguridad o, incluso, una mala comunicación corporativa.

Así lo revela el estudio “Evaluaciones de Impacto Social y Manifiestos de Impacto Ambiental: ¿un requisito más o una herramienta estratégica?” de Jorge Salem Suito y Monserrat Laguna, de Impacto Social Consultores, que destaca que, si bien, los proyectos de infraestructura conducen a un mayor desarrollo económico y social, también generan diversos conflictos sociales y afectaciones ambientales. proyectos energético-mineros pueden afectar el medio ambiente en donde se localizan -por su naturaleza o por una gestión inadecuada de impactos-, lo que puede generar conflictos sociales, indica.

De entre los proyectos energéticos en riesgo, se encuentran 16 en Oaxaca, 8 en Puebla, 6 en Veracruz, 2 en Hidalgo, 3 en Baja California, Sur, 2 en Chihuahua, 2 en Jalisco, 1 en Baja California, Chiapas, Coahuila, Sonora y Guerrero. 

Mientras que los que se encuentran en una situación similar, pero en proyectos mineros están: 1 en Baja California, 5 en Baja California Sur, 13 en Chihuahua, 4 en Coahuila, 4 en Durango, 12 en Zacatecas, 1 Nayarit, 2 Jalisco, 4 en Colima, 5 en Michoacán, 4 en Guanajuato, 4 en San Luis Potosí, 8 en Puebla, 3 en Veracruz, 7 en Oaxaca y 5 en Chiapas

De hecho, es por eso que, desde organismos internacionales (Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), centros de investigación (Center for Sustainable Development), universidades, los mismos headquarters corporativos y los gobiernos nacionales, promueven o exigen como una buena práctica el uso de las Evaluaciones de Impacto Social (EVIS) y Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que funcionen como herramientas de gestión, subraya. La diversidad cultural, la interrelación entre potencial energético o minero con la presión hídrica, las áreas naturales protegidas, o el nivel de marginación social, pueden ser fuentes potenciales de conflicto que deben ser correctamente evaluadas para su prevención y mitigación.

La consultoría resalta que el problema no es exclusivo de México; de acuerdo con Davis y Franks, los conflictos sociales en el mundo son comunes cuando las compañías extractivas fallan al identificar y entender el costo que generan los conflictos sociales. En promedio, los proyectos con presupuesto de inversiones de capital (capex) de tres a cinco mil millones de dólares enfrentan costos de por lo menos 20 millones de dólares semanales en valor presente neto por producción retrasada y su impacto en ventas.

Cada día de retraso en una campaña de exploración, argumentan, representa pérdidas de entre 10 y 50 mil dólares diarios. Frecuentemente, el origen del conflicto está en una relación desigual entre los beneficios dispersos de los proyectos extractivos, frente a los costos locales para las comunidades que los hospedan.Destaca que el ciudadano, que vive cerca de operaciones mineras o de energía, suele enfrentar impactos negativos que, al menos en el corto plazo, superan los beneficios locales del proyecto. Sobre todo, en proyectos mineros, la necesidad de reasentamientos, cambios en la actividad económica, competencia por el agua, entre otros, son los temas que más apremian a las comunidades que colindan con estos proyectos.

Pero hay mecanismos para elevar los beneficios locales de los proyectos extractivos, tanto como herramientas que permiten mitigar riesgos sociales, reducir la probabilidad de conflicto y mejorar las expectativas de una relación productiva, entre comunidad y empresas.

De ahí, que Impacto Social Consultores, propone que, a través de un correcto mapeo de actores y de una caracterización adecuada de la población, pueden tenderse puentes entre los problemas que la comunidad tiene y las soluciones que puede ofrecer un proyecto. Esto permite construir vínculos sólidos entre comunidades y empresas a través de una comunicación eficaz.

En particular, existe una correlación directa (89.9%) entre la infraestructura energética -particularmente un mayor consumo de electricidad- y el crecimiento del PIB.

Además, diversos estudios de las Naciones Unidas muestran que la infraestructura energética es un catalizador de desarrollo: fomenta mayores niveles de alfabetismo, inscripción y asistencia escolar, generación de empleo, mayor acceso a servicios de salud, mayor productividad y competitividad, desarrollo urbano, entre otros.Impacto Social Consultores subraya que la diversidad social genera diferentes creencias, costumbres y formas de vida, así como relaciones con el territorio que habitan.

Es fundamental, conocer de primera mano este contexto y tomarlo en cuenta en el desarrollo de proyectos, para promover relaciones respetuosas y productivas entre las empresas y las comunidades que hospedan los proyectos.