Para defenderse legalmente de las violaciones en las que ha incurrido últimamente la Comisión Reguladora de Energía (CRE) respecto a la autorización de permisos, empresas enfrentarán un camino complejo y resultados poco benéficos, según experto consultado.

A finales de febrero, la CRE anunció la reactivación de plazos y términos legales para la autorización o negativa de solicitudes de los distintos permisionarios, los cuales aplicarían a partir del 1 de marzo. Con ello, el regulador publicó un calendario para atender las solicitudes que tiene pendientes desde 2019 y hasta el segundo mes del año, los cuales serán desahogados periódicamente hasta 2024.

Sin embargo, en la práctica él mismo ha violado dicho acuerdo y ha resuelto trámites con antelación, lo que ha generado inconformidades incluso dentro de la misma institución.

Aunque los permisionarios podrían implementar estrategias para fincar responsabilidades administrativas e incluso patrimoniales, implican un desgaste para los afectados, desde económico, de tiempo y legal, según experto.

Además, para que pueda obtenerse una resolución legal que les favorezca en cuanto a la resolución de su permisos, debe comprobarse una fuerte afectación a sus inversiones y patrimonio por parte de la CRE, lo que se vuelve complejo, apuntó Iván Alemán, socio de la firma Alemán y Santiago.

Los integrantes de la CRE obviamente son responsables por la acción u omisión en contra del marco jurídico, en este caso estamos hablando de que si su omisión es no atender o resolver los asuntos en tiempo y forma, sí pudiese existir algún tipo de responsabilidad de índole administrativa.

Ahora bien, habría que ver caso por caso porque en términos generales no sería una responsabilidad administrativa grave sino menor, explicó.

En ese sentido, la responsabilidad administrativa o a los servidores públicos sólo serviría al particular desde el confort ciudadano, porque para efectos de su solicitud no implicaría alguna resolución, y si de ese trámite depende alguna inversión pues podría incluso perderse, advirtió Alemán.

No obstante, sí se revisan las particularidades de cada caso, y se determina que hay una responsabilidad patrimonial podría proceder.

En situaciones más complejas, si la omisión del servidor público configura una responsabilidad patrimonial del Estado. Pudiese existir una guía y tener un amparo en contra de la negativa u omisión a un trámite por atentar contra el derecho de petición (...) Pero se vuelve un tema complicado, porque hay que ingresar un amparo que va a costar, que el regulador admita el trámite, se vuelve un tema de oportunidad, tiempo de desgaste para el regulador, acotó alemán.