Y es que este proyecto permite la creación de organismos autónomos que reciban y diriman los asuntos legales entre trabajadores y empleadores, explicó el organismo industrial en un comunicado.

Expuso que “ve con simpatía esta reforma, que logra la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, mismas que han sido tradicionalmente un foco de corrupción y tráfico de influencias, consideramos que esta acción sin duda promoverá una justicia pronta y expedita en apoyo de trabajadores y empresas”.

El presidente de la Canacintra, Enrique Guillén Mondragón, reconoció que actualmente “una demanda simple en estas juntas de conciliación podría durar años debido a la intervención de abogados y funcionarios corruptos, representando grandes costos para las empresas, pero sobre todo perjudicando la clase trabajadora”.

A decir del dirigente, la iniciativa presentada pretende socializar la impartición de la justicia laboral; busca disminuir las malas prácticas y discrecionalidad.

Por ello, consideró indispensable que los diversos niveles de gobierno se pronuncien y asuman compromisos al respecto. Además destacó que la infraestructura judicial, la voluntad política de los titulares de los gobiernos estatales, y la participación de los actores involucrados desde los organismos intermedios determinará el éxito o fracaso de la iniciativa.

El proceso de adaptación que ésta, deberá ser entendido como uno de mediano plazo, por lo que el líder de más de 50 mil micro, pequeñas y medianas empresas, sugirió una campaña de difusión de los alcances y efectos, sobre todo entre la clase trabajadora.

“En un balance general, la iniciativa es factible pues ofrece mayores garantías de justicia, equidad y transparencia lo cual beneficia a los empleadores sin duda alguna, otorgándoles además un trato con los mismos ingredientes a los trabajadores”, abundó.

Para Guillén Mondragón, incrementar la modernidad y disminuir la discrecionalidad es el principal objetivo de esta reforma.