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Nueva aplicación AmiGas LP

Nueva aplicación AmiGas LP

Comisión Reguladora de Energía, que preside Guillermo García Alcocer, lanzará este mes una nueva aplicación para teléfono móvil para que los usuarios tengan, no sólo información actualizada sobre diferencias de precios de gas LP entre los distintos comercializadores del país, sino para que también puedan denunciar directamente anomalías o abusos.

La nueva aplicación AmiGas LP será muy similar a la que ya está en vigor en el caso de los precios de gasolina, Gasoapp, y estará también disponible tanto en los sistemas Android como iOS, o sea que se pueden utilizar en todos los teléfonos inteligentes.

Lo que busca la CRE con esta nueva aplicación es que los usuarios de gas LP —más de 90 millones en todo el país—tengan una herramienta que les permita defenderse de abusos. En el caso de Gasoapp, ya tiene más de 160 mil usuarios y permite ubicar no sólo las gasolinerías más cercanas, sino las que ofrecen los precios más baratos y las que están mejor calificadas en materia de servicio. Permite también enviar en tiempo real una queja a la CRE si la gasolinera vende el combustible a un precio mayor al ofertado, si registra problemas de servicios o cualquier otra anomalía.

García Alcocer aseguró que existe una estrecha colaboración con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que preside Palacios, sobre la investigación que se inició desde agosto pasado respecto de indicios de prácticas anticompetitivas. Esta investigación, señaló, es la primera que se detona a petición de un organismo regulador, en este caso la CRE, pero con una total coordinación con la Cofece, por lo que es también la primera ocasión en que dos organismos reguladores participan en una investigación que tiene como objetivo proteger a los clientes.

García Alcocer reconoce también que en el caso del gas LP, la CRE no puede intervenir en caso de abusos en los precios porque la ley se lo impide, a diferencia del mercado de gasolinas donde sí puede solicitarla. Lo que busca la Secretaría de Hacienda que en una región pueda imponer precios máximos si se detectan abusos por parte de los expendedores.