Todo indica que los días de privilegios y el control en los precios y la distribución del gas LP por parte de un puñado de familias están contados, y el primer paso de la administración de Enrique Peña para terminar con este oligopolio se dio el miércoles pasado, con la orden emitida hacia los distribuidores para aplicar una reducción de 10% en el precio del kilogramo del energético.

La noticia causó el rechazo inmediato del gremio, sobre todo al interior de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), que lleva Octavio Pérez Salazar, a pesar de que la medida beneficiará directamente al usuario de un mercado que consume más de 700 mil toneladas mensuales del insumo.

El disgusto viene por parte de un sector empresarial que, durante los 12 años de administraciones panistas, se convirtió en el consentido del secretario de Energía en turno, situación que, parece ser, Pedro Joaquín Coldwell no tolerará más.

Basta recordar que en los años noventa, el gremio integrado principalmente por firmas como Grupo Zeta, de Miguel Zaragoza; Grupo Tomza, de Tomás Zaragoza; Gas Uribe, de Óscar Uribe Fernández; Vela Gas, de Lázaro Bello, y Gas Nieto, de Sergio Nieto, cerró filas para dar batalla al ingreso del gas natural, el cual vino a arrebatarles principalmente el mercado de suministro residencial en las zonas de alto y medio poder adquisitivo.

La conclusión de aquel capítulo fue que, tras diversas amenazas de desabasto, lograron doblegar a las autoridades y conservar el 70% de un mercado cuyo valor ronda los 320 mil millones de pesos anuales, al debilitar el ingreso del gas natural a todo el país, mismo que podría estar ya en la totalidad del sector residencial, traducido en mejores precios, seguridad y eficiencia operativa en el servicio para millones de mexicanos.

Ante dicho antecedente, hoy en día el gobierno tiene listo un plan de acción para combatir las intimidaciones de parte de la Amexgas, la cual asegura que el nuevo escenario de control de precios causará afectaciones al proceso de competencia y riesgos en el suministro nacional, algo que se encuentra muy lejos de la realidad, pues de ser esto cierto, Pemex, de José Antonio González Anaya, tiene la misión de cubrir de inmediato un eventual desabasto del energético.

Asimismo, el gobierno federal no permitirá más que las utilidades de los importadores de gas LP sigan siendo tres veces superiores al costo, por lo que tiene bien ubicados a los grupos y el modus operandide lo que bien se podría llamar un “cártel”, situación que ya está también bajo la lupa de la Comisión Federal de Competencia Económica, que preside Alejandra Palacios.

Con ello se espera que las más de 400 empresas distribuidoras que operan en el país, y que se conjuntan no sólo en la Amexgas, sino también en la Asociación de Distribuidores de Gas LP del Interior (Adigas), de Víctor Figueroa, y en la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG), que lleva Luis Landeros, acaten la medida y compitan sanamente, en beneficio todo esto, por supuesto, del consumidor final.