Mañana será presentado a los mandatarios del G20 que van a China, el documento de recomendaciones de políticas macroprudenciales, una especie de “book” a seguir por las grandes economías e integradas por el FMI-BM-FSB, para que no se repita la crisis financiera de 2008 de la que todavía el mundo no acaba de salir.
Dos elementos son importantes: déficit fiscal y deuda pública sin control y aumento en déficit de cuenta corriente sin crecimiento económico y desconfianza de la inversión productiva o contracción de la capacidad de inversión pública.

Son caldo de cultivo para cocinar crisis. México atraviesa por la contracción más brutal experimentada desde los 80 por la cuenta petrolera, que alimenta el déficit comercial, impulsa la devaluación y también alimenta el costo de la deuda ampliando el déficit, el que a su vez retroalimenta este ciclo vicioso.

Sólo que donde está el nivel, la alerta es necesaria. El déficit de cuenta corriente está alcanzando el 3% del PIB. El límite, aceptable. 

Por eso, además del escándalo #Trump, el énfasis lo pongo en el informe trimestral de inflación presentado por la Junta de Gobierno, que encabeza Agustín Carstens, en el que sin señalamiento político, pone el punto sobre las íes: los déficits gemelos que se observan en el país, son cosa de atención tanto en materia de cuenta fiscal como de cuenta corriente.

La propuesta de presupuesto atenderá la contención de la deuda pública (no su contracción) y el establecimiento de una tendencia de superávit fiscal, de acuerdo con lo señalado por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

 El otro tema, el de la crisis de credibilidad y su efecto en la economía, no lo tocaron ellos sino que el martes, la calificadora Standard and Poor’s emitió un reporte sobre México que explica una parte sustantiva de la nota en la que, la semana pasada, puso en observación la calidad crediticia soberana de México para una posible baja de estable a “negativa”. La nota, seguramente, no le encantará al secretario de Gobernación,Miguel Ángel Osorio Chong.

Tampoco le gustará a Arely Gómez, la procuradora –por cierto, en la agenda legislativa de ninguno de los partidos para este periodo de sesiones se incluyó la propuesta de Ley de la Fiscalía General– ni tampoco al presidente de la Corte, Luis María Aguilar, de quien depende el intocable sistema de justicia.

¿A cuántos jueces usted conoce que habiendo sido denunciados y exhibidos estén en la cárcel y pagando una pena? Vuelvo al comentario de S&P. Con el título “Mexico’s Growth Challenge Is More About Politics Than The Economy”, explica que aun cuando el país ha realizado reformas estructurales de envergadura, y las medidas macroeconómicas tomadas son adecuadas, resultan “insuficientes” para impulsar el crecimiento de la economía como ocurre en otros países donde son débiles la gobernabilidad y la prevalencia del Estado de derecho.