En cualquier país, como México, que se rige por un sistema político democrático, las elecciones son la vía legítima para que la ciudadanía se pronuncie libremente. Sin embargo, no siempre estos procesos se ajustan a lo que marca la ley: el respeto a la voluntad popular.

De ahí que diputados panistas, a través de Juan Pablo Piña, propusieron que el presupuesto destinado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) se amplíe por más de 155 millones de pesos para el próximo año, con el objetivo de que esté en condiciones de combatir con eficacia y cabalmente los delitos electorales que pudieran darse durante las contiendas de 2017 y 2018. Buena intención, porque hoy la sociedad exige que sus intereses sean representados genuinamente por quienes habrán de gobernarlos.