En la CIRT, que preside Rubén Pereda, y especialmente en el Grupo de Radio que está integrado por 777 concesiones, se encuentran sorprendidos por los “cambios de política” que unas veces es regulatoria y otras fiscal, sin que medie un argumento razonable y menos el diálogo, cuando la “orden comunicada” se realiza.

Contrasta sobre todo por la impresionante apertura y capacidad de diálogo que ha desarrollado la Coordinación Económica del presidente Peña a cargo del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, con el Consejo Nacional de Productividad.

Apenas el viernes, hablando de industrias como autopartes, automotriz, comercio, textil-vestido, zapato, tequilera y otras tantas, se “ha pasado de la mera retórica y realización de diagnósticos a la formulación de recomendaciones concretas y establecimiento de compromisos reales que contribuirán a alcanzar objetivos específicos en el fortalecimiento de sectores estratégicos, haciendo así posible la democratización de la productividad”.

Fíjese: las concesiones de radio y televisión antes de 2008 se refrendaban de manera gratuita, siempre y cuando se cumpliera con ciertos requisitos (lo más importante era el uso público de horarios y frecuencias para difusión de programas de gobierno y políticos).

A partir de 2009 cambió la política y comenzaron a aplicar el pago de una contraprestación por la prórroga de las concesiones. La entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones aprobó el refrendo de varias concesiones y notificó a los concesionarios la aceptación de condiciones y el monto de la contraprestación, la cual dejaba la opción de pagarla en una sola exhibición o bien, en anualidades con un cargo anual de 10.11 por ciento.

Sin embargo, a partir de este 2016, se ha informado en forma verbal a los concesionarios (no hay una comunicación escrita ni un argumento que acompañe la racionalidad del cambio) que no habrá pagos en anualidades y los concesionarios que vayan a recibir su prórroga, deberán pagar el monto de la contraprestación en una sola exhibición.

De pilón hay de dulce y de manteca en temporalidades (diez, 12, 15 años). La única opción, para variar, puesta sobre la mesa por el equipo de la Subsecretaría de Ingresos que encabeza Miguel Messmacher, es que quienes necesiten un financiamiento para el pago de la contraprestación se les “apoyará” para obtener “créditos de Nafin con tasas razonables o bancarios”, pero desde luego la SHCP y el IFT “no pueden autorizar el pago en anualidades” .

Y en la racionalidad no se considera el tamaño del impacto económico que tienen los grupos de radio (con penetración del 100% en la población del país (la TV abierta penetra en 85%), con la carga de pautas políticas y de propaganda gubernamental que, en temporadas como la actual, provoca una caída de la publicidad comercial.

Es tal la saturación y el desprestigio de la política, que muy pocos anunciantes aceptan la difusión ante el riesgo de que se les relacione con políticos y partidos.

¿Por qué ahora no es legal que se pague por el uso de las concesiones en función de los años de vigencia de la misma? En la ley nada cambió en radio, entonces, ¿por qué cambió el criterio?