Hoy se firma un convenio de amplia colaboración entre el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Juan Pablo Castañón, y la Secretaría de Desarrollo Social, que encabeza José Antonio Meade, que ha resultado en una de las estrategias más efectivas para involucrar al sector privado en acciones que impulsen el desarrollo de los sectores más vulnerables.

En total, han suscrito convenios con unas 30 empresas individuales, seis cámaras, el Consejo Nacional Agropecuario, que preside Benjamín Grayeb, y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que encabeza Frédéric García, que ha ido sumando a este programa de “Por un México sin Pobreza”, el que permea donde debe y permite mostrar a quien fondea con sus impuestos el tamaño del desafío que existe en materia de inclusión social.

Sumar fondos y esfuerzos públicos y privados es un gran desafío, pero lograr transitar los programas asistenciales a proyectos productivos y generadores de empleo, es aún más grande.

Difícil será lograrlo en tres años, pero sentar las bases institucionales para ello puede hacer la enorme diferencia. Normalmente la política pública de desarrollo social no se hablaba con el sector privado, pese a que de las empresas y sus fundaciones se desprende aproximadamente 60 por ciento de recursos asistenciales.

El SAT, que jefatura Aristóteles Nuñez, tiene registradas 8,230 donatarias autorizadas, que en su mayoría reciben fondos de fundaciones o aportaciones privadas para programas de educación, atención a discapacitados, comedores comunitarios, mejoramiento de vivienda, programas productivos (aunque son los menos) y bancos de alimentos, etcétera.

Más allá de que la estadística, la levante el Inegi, que preside Julio Santaella, o el Coneval, cuyo secretario general es Gonzalo Hernández Licona y, alianzas como la suscrita ayer con Nestlé, que encabeza Marcelo Melchior, se permite asegurar que esta empresa continúe comprando 80 por ciento de la producción de los cafetaleros de la Costa Chica de Guerrero, al asegurar la sustitución de la planta con roya y la capacitación para su cultivo en esa región.

Por cierto, Emilio Suárez Licona, quien viene trabajando con Pepe Meade desde que estaba en Hacienda, abogado de formación y cabildero de corazón, es el encargado de esta área de vinculación con el sector productivo para apoyar el desarrollo social, área que se asignó a la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia en la Secretaría de Desarrollo Social, de la que es titular.

La transformación del Instituto Mexicano del Aluminio, que preside Norberto Vidaña Romero, en Cámara de la Industria del Aluminio, ha sido una decisión institucional muy pensada por este grupo de 54 empresas, que lo mismo perfila y transforma en productos de valor agregado de alta resistencia como el aluminio y, que entre otras cosas, requiere formalizar su cadena de insumos y producción hasta la venta final para mejorar sus costos financieros e impactos fiscales.

 En México se recicla alrededor del 60 por ciento de la chatarra de aluminio, particularmente derivada de los envases de refresco y cerveza, y el resto se importa. Sin embargo, la cadena es muy frágil y, para efectos fiscales, si el chatarrero no es formal, la posibilidad de deducir la compra del insumo se vuelve una letanía.

 De ahí que se requiere formalizar e institucionalizar una relación que comienza desde el acopio en casa, porque en nuestro país no se produce aluminio primario dado que carecemos del insumo principal, la bauxita.

Por ello, el establecer una cadena que torne eficiente la recolección de latas, como ha ocurrido en el caso de las botellas de plástico, se ha convertido en prioridad industrial, así como el tratamiento fiscal adecuado para la cadena de chatarreros.

Considere que en México se tiran aproximadamente 20 millones de latas de aluminio por día, equivalente a 180 latas al año por persona. Si cada una de estas personas reciclara tan sólo diez latas de aluminio al año, se ahorrarían cerca de 300 millones de pesos en materias primas.

La Cámara Nacional de la Industria del Aluminio será constituida a convocatoria de la Secretaría de Economía, que encabeza Ildefonso Guajardo y, una vez formalizada se integrará a la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, dentro del segmento de metal-mecánicas.

La otra que se integró la Concamin dentro del segmento de Transporte es la Asociación Mexicana de Agentes Navieros, A.C. (Amanac), que preside Felipe Bracamontes Venegas su afiliación como cámara representativa de la flota marítima se realizó en presencia de los secretarios de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, y de Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda.

La Amanac es consignataria de buques y navieras globales con presencia en México y agrupa a más de 20 líneas que mueven el comercio exterior martítimo mexicano, pero como recordará, está renaciendo, no sin dificultades, la industria de astilleros en México para construir flota menor y de arrastre en principio, y también barcos de mayor caldo.

Ante esta actividad, el encadenamiento productivo se vuelve tan necesario como la pertenencia a la Cámara Nacional del Transporte, como a la Concamin que ya tiene 60 cámaras nacionales, tres cámaras genéricas (Canacintra, Careintra y Caintra) y 44 asociaciones empresariales.

La primera ya está afiliada como asociación y pasaría a ser Cámara Nacional, y la segunda se integraría como asociación.