La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) pidió al gobierno federal que analice interponer un proceso legal en contra del gobierno de Coahuila, cuya ley estatal impone distancias mínimas de 1,500 metros entre estaciones de expendio de gasolinas en áreas urbanas y de 10,000 en rurales con carreteras, lo que restringe la competencia.

Estas restricciones son parte de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila, que fue aprobada el 24 de enero pasado y que desde el punto de vista de la autoridad va en contra de los artículos 5 y 28 constitucionales.

La ley de Coahuila “podría impedir el establecimiento de estaciones de servicio en ciertas zonas geográficas, sin que exista un fin válido que lo justifique... la medida garantizaría márgenes de ganancia en favor de los agentes ya establecidos y reduciría opciones de abasto que podrían representar mejores condiciones de calidad y precio para los consumidores”, dijo la Cofece.

Este no es el primer proceso en el que se busca poner una distancia mínima entre Estaciones de Servicio, las regulaciones estatales de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz también impiden la competencia gasolinera.

Esta vez es la primera ocasión en que la Cofece hace uso de la facultad legal que le permite solicitar a la Consejería Jurídica de la Presidencia que analice que el gobierno federal interponga un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), denominado de control constitucional, en contra de una norma que restringe la construcción de Estaciones de Servicio.

La Cofece reconoce que sólo puede solicitar la interposición de recursos de inconstitucionalidad en Coahuila porque es una ley nueva mientras que en el resto de los estados que restringen la construcción de nueva infraestructura son normativas que existen desde hace tiempo.

“Sin embargo, esto no exime a los gobiernos y congresos estatales de su responsabilidad de contribuir a una transición exitosa hacia mercados abiertos y competidos de combustibles que beneficien al consumidor”, refiere. Dijo que antes de que se promulgara la ley, sugirieron no promulgarla porque garantizaría exclusividad a las gasolineras ya establecidas en ciertas zonas.