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CCE pide avanzar en certidumbre jurídica para inversiones energéticas
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que la apertura del sector energético es un motor de desarrollo para México, por lo cual se pronunció por avanzar en la certidumbre jurídica para las inversiones.
“Desde la iniciativa privada se ve una oportunidad histórica para que el sector energético sea un motor de desarrollo y se consolide en México. El acceso a energías modernas y a una mejor infraestructura están altamente relacionados con la reducción de la pobreza”, sostuvo el presidente del organismo, Juan Pablo Castañón.
Refirió que la apertura del sector energético a nuevos participantes -distintos de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad- representó un cambio de paradigma en la forma de hacer negocios y atraer inversiones a México.
Reconoció que a lo largo de los últimos años ya se han dado los primeros pasos para liberalizar el mercado de gas, gasolinas, diesel y electricidad, a fin de fortalecer la seguridad energética, la productividad y la inversión en el sector.
Hasta el momento, añadió, se han realizado tres subastas en el país para licitar energías renovables, donde se han subastado más de cinco mil megawatts y se acordaron inversiones por más de ocho mil millones de dólares.
Con ello se espera satisfacer 35 por ciento de la demanda total eléctrica para 2024 y 60 por ciento para 2050; mientras que hacia 2030 se espera reducir en 62 por ciento la demanda de carbono, 21 por ciento la de gas natural y 6.0 por ciento la de petróleo.
“México fortalece su capacidad de generación de energías limpias, que desde 2015 ha sido reconocida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al ubicarnos como uno de los 10 países con mayor inversión en energías renovables”, destacó.
Juan Pablo Castañón recordó que la semana pasada se realizó de manera exitosa la Ronda 2.1, donde la Comisión Nacional de Hidrocarburos adjudicó 10 contratos para la exploración y explotación de aguas someras en el Golfo de México.
Con ello se aseguraron inversiones para el país por alrededor de ocho mil 200 millones de dólares durante los próximos años, empero, para capitalizar estas inversiones también es necesario avanzar en la certidumbre jurídica del sector.
“Hoy las empresas enfrentan requisitos inciertos en materia de consulta pública, que se traduce en demoras y obstáculos para iniciar o dar seguimiento a los proyectos productivos. Tenemos que impulsar una regulación más clara y sencilla para traducir las inversiones energéticas en bienestar social”, opinó.
El presidente del CCE dijo que diversos estudios de las Naciones Unidas muestran que la inversión social del sector energético es un eficaz catalizador del desarrollo, que fomenta mayores niveles de alfabetismo, inscripción escolar y generación de empleo, entre otros.
“Los mercados de energía requieren una regulación adecuada para funcionar también adecuadamente. El esfuerzo y talento de los empresarios debe complementarse con normas que garanticen condiciones efectivas de competencia”, insistió.