Los dos cargamentos de Marathon, que suman 825,000 barriles, fueron transportados por el Sea Eagle, que llegó el 25 de noviembre, y el Pacific Quartz, que llegó el 8 de noviembre, según los datos de la terminal y pedimentos de importación. Ambas naves se cargaron en Port Arthur, Texas, donde TotalEnergies opera una refinería de 185,000 b/d.  OPIS no ha podido confirmar si el gobierno mexicano renovó el permiso de importación de combustible de un año de TotalEnergies, el cual vencía en octubre.

Además, la administración de Andrés Manuel López Obrador no ha otorgado nuevas autorizaciones de importación a Repsol S.A. o BP Plc., que son clientes de Monterra Energy en la terminal de Tuxpan y habían anunciado previamente planes de importar combustible a través de la instalación.  

La Secretaria de Energía de México no ha publicado la lista de permisos de importación vigentes desde mediados de 2022. Marathon tiene autorizaciones de importación de combustible, que fueron otorgadas por la anterior administración de Enrique Peña Nieto y vencerán en 2038.  Ni Marathon ni TotalEnergies respondieron a las solicitudes de comentario de OPIS antes de la publicación del articulo.

Estos cargamentos ayudaron a que Marathon se convirtiera en el tercer mayor importador privado de combustible de México con 43,700 b/d el mes pasado, detrás de ExxonMobil Corp. con 75,500 b/d y Valero Energy Corp. con 108,700 b/d.  

Los volúmenes de combustible despachados desde la terminal de Monterra promediaron 9,300 b/d de diesel, gasolina regular y premium combinadas en noviembre, frente a 6,700 b/d en octubre. Sin embargo, durante la última semana de noviembre, la instalación despacho más de 14,100 b/d. La instalación puede cargar más de 100,000 b/d de combustible en autotanques.  

Una fuente familiarizada con las operaciones de TotalEnergies dijo que la empresa había reducido significativamente las compras de combustible de otros comerciantes para sus estaciones servicio en el centro de México y principalmente está suministrando su propio producto importado a sus gasolineras.  OPIS no pudo confirmar bajo qué acuerdo comercial o relación llevó a Marathon a importar combustible vendido por TotalEnergies a una instalación contratada por la compañía francesa.  

El gobierno mexicano, en los últimos años, ha tomado una serie de medidas para limitar las operaciones de nuevas terminales de importación en la costa del Golfo de México, lo que fuentes consideran es un esfuerzo de la administración de Lopéz Obrador para proteger la posición de mercado de la empresa petrolera estatal Pemex.  

Los Estados Unidos y Canadá continúan conversaciones con México bajo el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC) después de que ambos países alegaran que el gobierno mexicano favorecía a Pemex y a la empresa de energía eléctrica estatal CFE frente a competidores privados.  

Monterra es la quinta terminal privada de combustible que comenzó a operar en la costa este de México después de que el país liberalizó su mercado de combustibles como parte de una reforma energética de 2013. Las operaciones en la terminal se suspendieron después de que varias agencias gubernamentales inspeccionaron la instalación en septiembre de 2021.  

Monterra, que dijo que las operaciones se suspendieron sin justificación legal, presentó en febrero un aviso de intención de presentar una demanda de arbitraje contra el gobierno mexicano por acciones discriminatorias y ilegales que obstaculizan la operación de la instalación, violando las disposiciones del T-MEC.  La empresa dijo que los daños causados por la suspensión podrían alcanzar los $667 millones.  

Las operaciones de otras empresas también han sido afectadas por las acciones gubernamentales, incluyendo las de Trafigura y Glencore, que han sido empujadas a detener las importaciones de combustible, y Koch Supply & Trading, cuyos clientes se les solicitaron requisitos regulatorios adicionales para cargar combustible en la terminal marítima de Vopak en el puerto de Veracruz.  

 A fines de 2021, Koch y Vopak fueron las primeras empresas en ser notificadas por el gobierno mexicano de una posible suspensión como resultado de que los autotanques que se cargaban en la instalación no listaran en un anexo en sus permisos de transporte cada destino donde el combustible podría descargarse.