La Secretaría de Energía (Sener) busca endurecer los trámites para la importación y exportación de combustibles para las empresas privadas que estén interesadas en ello.


 Esto debido al anteproyecto publicado recientemente en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Dicho escrito pretende reformar el punto 10 del Acuerdo por el que se establece la clasificación y codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos, cuya importación y exportación está sujeta a permiso previo por parte de la Sener. De aprobarse el cambio, quedaría establecido que, para obtener un permiso previo de importación de hidrocarburos o petrolífero con una vigencia de un año, el interesado deberá cumplir con obligaciones adicionales. 


Una de ellas es que ahora los privados deberán indicar los medios por los que se va a transportar el producto importado, la ubicación física de las instalaciones, o equipos de almacenamiento, incluyendo almacenamiento para usos propios, distribución o de expendio en donde se recibirán. 


Adicionalmente, deberán manifestar la razón o denominación social y la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona o personas que cuenten con el permiso vigente expedido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para llevar a cabo las actividades referidas. 


“En el caso de petrolíferos, anexar el contrato celebrado con el o los laboratorios acreditados y aprobados por la Comisión Reguladora de Energía o con los laboratorios extranjeros registrados ante la Secretaría de Economía, según corresponda, para dar cumplimiento a la NOM-016-CRE-2016”, expone la tercera obligación. 


Sobre el anteproyecto, Erik Estrada Tapia de PMI Comercio Internacional destacó que hay una duplicidad de trámites. “Actualmente obtener el registro en el padrón de importadores es un trámite por parte del SAT que inhibe el libre comercio y la importación, al imponer al ciudadano requisitos no relacionados con la trata fiscal, aduanera y de control; con la propuesta de Sener, ahora se replica la información solicitada por el SAT”, expuso el directivo. 


Vicente Alejandro Urquizu Navarro, abogado en Beristain Abogados, coincidió con lo expuesto por Williams al señalar que este cambio resulta ser una carga adicional y excesiva para el Gobernado y que no tendría mayor relevancia en las atribuciones de la Administración Pública en el combate de delitos en materia de hidrocarburos. 


Por su parte Jaime Williams, director de operaciones de Avant Energy, empresa mexicana dedicada al transporte, almacenamiento y comercialización de combustibles, mostró estar en desacuerdo con lo planteado por la Sener.