De acuerdo con la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado, las empresas deberán pagar un impuesto ecológico a razón de tres Unidades de Medida y Actualización, equivalente a 311.22 pesos por tonelada de emisiones de dióxido de carbono equivalente, a partir del 1 de abril de 2024. 

Para los efectos de este impuesto se considera emisión a la atmósfera la expulsión directa o indirecta de bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluoro-carbonos, perfluoro-carbonos y hexafluoruro de azufre, ya sea unitariamente o de cualquier combinación de ellos que afecten la calidad del aire, los componentes de la atmósfera y que constituyen gases de efecto invernadero que impactan en deterioro ambiental por provocar calentamiento global. 

Para la determinación de la base gravable, cada empresa realizará mediante medición o estimación directa de las emisiones que genere y, en su caso, se tomará como referencia el último Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, así como de los reportes de emisiones presentados por las fuentes fijas de jurisdicción Estatal a través de la Cédula de Operación Anual (COA) a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental. 

Para la determinación de las toneladas emitidas, el contribuyente realizará la conversión de los gases establecidos en el artículo 36 QUATER, en dióxido de carbono, multiplicando la tonelada de emisiones del tipo de gas emitido por el factor relacionado. 

San Luis Potosí se convirtió en el décimo segundo estado en implementar impuestos ambientales. 

La lista la componen Baja California, Campeche, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. 

Impuesto a emisiones

Si bien hay impuestos locales ambientales en 12 estados, sólo siete de ellos cuentan con gravámenes específicos para la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

Las entidades que tienen este impuesto son el Estado de México, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. 

El resto de las entidades tiene impuestos principalmente dedicados a gravar la extracción de materiales pétreos, es decir, a la minería de cualquier tipo, o bien a la contaminación del suelo o subsuelo.