Había denuncias contra funcionarios petroleros que nunca trascendían o a las que se les daba carpetazo para no trastocar o poner en riesgo el negocio que daba dinero para muchos dentro y fuera de la llamada, luego de la reforma energética, empresa productiva de México.


Esas ganancias estratosféricas aceitan la corrupción de ministerios públicos y juzgadores para no actuar contra los ordeñadores y sus funcionarios y jefes policiales cómplices. Se garantizaba así una impunidad casi absoluta, que se convirtió en el principal incentivo para ampliar esta red delictiva en la que cabían funcionarios de Pemex, líderes sindicales, autoridades federales, estatales y municipales, sus policías, empresarios, gasolineros y células de la delincuencia organizada.


Las cifras lo dejan claro. De dos mil detenidos infraganti en el último año, apenas 100 siguen presos. De los 115 trabajadores de Pemex que se han detenido de 2006 a 2018, sólo seis han sido sentenciados.Entre los que fueron señalados, pero nunca detenidos, está el general Eduardo León Trauwitz, subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, quien fue mencionado el martes pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de los que figura en la lista de funcionarios que se empiezan a investigar por su presunta colusión con los saqueadores de hidrocarburos.


Contra la dependencia que dirigía este alto funcionario de Pemex, que fungió también como jefe de escoltas del expresidente Enrique Peña Nieto, cuando fue gobernador del Estado de México, había ya denuncias. Una de ellas fue presentada el 24 de marzo de 2107 por Jorge García Adriano ante la Procuraduría General de la República en la que se expone que se obligaba a los agentes a disfrazarse con uniformes de petroleros, o con overoles azules o naranjas para simular que eran de alguna empresa externa, o hasta de marinos o soldados, para luego ordenarles alterar tomas clandestinas, poner nuevas y en algunos casos hasta provocar daños severos en diferentes ductos para ocasionar fugas.


 “A través del presente escrito, concurro a formular la denuncia por hechos probablemente constitutivos de delitos de abuso de autoridad, intimidación, amenazas, encubrimiento, como al igual de discriminación, de los cuales podrían verse inmersos funcionarios de Petróleos Mexicanos, al ordenar a los agentes de seguridad física (...) alterar el lugar, vestigios de las tomas clandestinas colocadas en los ductos de Pemex, esto es, impedir que se averigüe la conducta delictiva cometida por personas ajenas al ente jurídico llegando al grado de intimidar al personal operativo con despedirlos”, se lee en la denuncia presentada hace más de un año, sin que hasta la fecha la PGR le haya dado seguimiento, como seguramente pasa, con muchos otros expedientes de la Salvaguardia Estratégica de Pemex, que parece haber estado mucho tiempo del lado huachicolero.