De ellos, 68 son permisos de comercialización de gas licuado de petróleo (LP) y otros 60 de petrolíferos y petroquímicos. Según la regulación, los permisionarios tienen que declarar a la CRE las actividades realizadas de acuerdo a su título de permiso, ya sea semanal o mensualmente según corresponda. 

En caso de no reportar actividad por más de 365 días consecutivos se procederá a la revocación. Beatriz Marcelino, presidenta de Grupo Ciita y de la Asociación de Distribuidores y Expendedores de Energía (Adee), señaló que el retiro de permisos desincentiva a los permisionarios, quienes en ocasiones no encuentran las mejores oportunidades de negocio o desconocen todos los reportes que deben presentar ante la CRE.

Esto reduce las opciones para la competencia, porque si ya se tiene el permiso, pero de momento no se encontró la oportunidad de vender combustible, pero al mes de que fue revocado se hubiera encontrado la oportunidad, pues te quitan ese derecho como inversionista o empresario, explicó. 


Por ejemplo, algunos de los permisionarios a los que se les revocó el permiso no realizaron actividades porque con el tope de precios máximos al gas LP que implementó el Gobierno durante un año, para controlar el alza, no tuvieron las condiciones para operar de manera rentable. 

De los 68 permisos de gas LP revocados, 13 sí tuvieron actividad, pero los reportes no se realizaron correctamente al regulador.