La idea del nearshoring -una propuesta de transferir las cadenas productivas esenciales a países con cercanía geográfica y con alianzas fuertes- ha surgido en los últimos años como una oportunidad para que México tenga una mayor integración con sus socios comerciales de América del Norte y detone niveles de inversión más elevados.

Sin embargo, para aprovechar esa oportunidad, el país requiere de esfuerzos concretos para elevar su competitividad y generar un panorama económico más propicio para la atracción de la inversión requerida para una mejor integración regional, que le permita incrementar sus capacidades productivas y el desarrollo para su población.

Parte fundamental de estos esfuerzos debe ser el impulso de políticas energéticas que garanticen el acceso a energía confiable, a precios competitivos y -en la medida de lo posible- con baja huella de carbono. 

En ese contexto, el Instituto Mexicano para la Competitividad, (IMCO) propone acciones concretas para generar un mercado energético regional más competitivo.

¿Qué es el nearshoring?

La propuesta del nearshoring cobró fuerza desde el inicio de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de covid-19. Los problemas enfrentados por las cadenas de valor en el contexto de la crisis económica y sanitaria -que incluyeron interrupciones en el flujo de insumos intermedios alrededor del mundo, cuellos de botella en las cadenas de suministro, y una incapacidad general para adaptarse a las necesidades de una economía global volátil- dejaron en evidencia la necesidad de robustecer las cadenas de valor globales para garantizar su capacidad de enfrentar choques externos inesperados.

Otros sucesos como la invasión de Rusia a Ucrania (y el impacto que tuvo sobre los precios de bienes agrícolas y energéticos), así como las tensiones comerciales y políticas entre China y Estados Unidos, fueron a su vez motivos que reforzaron los argumentos a favor del nearshoring.

Relocalizar las cadenas productivas a países cercanos tanto en términos geográficos como ideológicos se convirtió en una opción para tener cadenas productivas estables y capaces de cubrir la demanda de bienes intermedios y finales.

En este contexto, América del Norte es un bloque económico idóneo para aprovechar la oportunidad. Además de una cercanía geográfica y una relación con tres décadas de asociación bajo dos tratados comerciales -el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994, y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) vigente desde julio de 2020-, el bloque trilateral aporta casi 30% del PIB mundial.

¿Qué se necesita para aprovechar la oportunidad del nearshoring?

Profundizar y expandir los lazos entre los tres países -no sólo en materia de producción industrial, sino de seguridad, gobernanza e inversión y desarrollo- aumentaría las capacidades regionales para garantizar el acceso a insumos básicos, como la energía. Además, facilitaría la atracción de inversión a México, la modernización de sus procesos productivos y la generación de empleos de calidad.

Aunque la estrecha relación entre los países de la región, así como las prioridades expresadas por ellos en materia de competitividad y crecimiento económico inclusivo, facilitan la integración de sus economías, no son elementos suficientes para aprovechar al máximo las oportunidades del nearshoring.

Hay que asegurar que el nearshoring se implemente de manera adecuada y genere mayores oportunidades económicas para México sólo se logrará si el país resuelve los obstáculos para tener una economía competitiva y con la capacidad de atraer la inversión necesaria para lograr una mayor integración regional. Pendientes en el cumplimiento del Estado de Derecho, la infraestructura de transporte y logística y el mercado energético reducen su potencial

¿Cómo desarrollar el mercado energético que México necesita?

A diferencia de los mercados en Europa, convulsos por la invasión de Rusia a Ucrania, y Asia, que actualmente se realinean a partir de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, México cuenta con ventajas comparativas gracias a su posición geográfica y lazos comerciales con más de 50 países. 

América del Norte cuenta con relativa abundancia de energía a precios competitivos, pero para aprovecharla se requiere inversión pública y privada en infraestructura de generación eléctrica con baja huella de carbono, en las redes eléctricas (transmisión y distribución), y en la expansión de la red de gasoductos.

Además, es urgente implementar una política de almacenamiento de gas natural. Para lograr estas metas, es indispensable contar con un entorno de certidumbre jurídica con pleno respeto al Estado de derecho que sirva como base para la inversión en infraestructura energética. Aún más, es mandatorio que exista un regulador sectorial que sea independiente tanto del poder Ejecutivo como de los jugadores privados y las empresas del estado. 

En septiembre de 2022, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó La energía que queremos: Infraestructura, regulación y Estado de derecho para un sector energético que detone la competitividad de México. Este documento constituye una visión integral para el sector energético mexicano con una serie de propuestas de política pública concretas, viables y asequibles para impulsar la competitividad de los mercados energéticos (incluyendo el petróleo, el gas y la electricidad).

Contrario a otros momentos en la historia reciente, hoy los cambios estructurales en el entorno global son propicios para México.

El país necesita fortalecer su infraestructura energética para maximizar los beneficios de la regionalización de las cadenas de valor. Por ello, el IMCO propone:

Petróleo

• Rediseñar el funcionamiento del Fondo Mexicano del Petróleo para financiar la transición energética.

• Desarrollar infraestructura de almacenamiento de gas natural.
• Desarrollar infraestructura de transporte de gas natural.
• Diseñar una estrategia para minimizar las emisiones fugitivas de metano a la atmósfera.

• Cumplir con la normatividad y regulación para el otorgamiento de nuevos permisos de generación eléctrica.
• Reactivar las subastas de largo plazo.
• Ejercer en su totalidad los recursos aprobados para inversión en infraestructura de transmisión y distribución.
• Liberar recursos adicionales para CFE Transmisión y CFE Distribución.
• Cumplir con las obligaciones en materia de inversión en infraestructura de transmisión y distribución.
• Aprovechar los mecanismos de financiamiento de inversión disponibles y facilitar la participación del sector privado en la inversión en infraestructura de transmisión.