La Secretaría de Energía (SENER) publicó el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo por el que se aprueba y publica la actualización de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios. 

Este acuerdo refleja el compromiso continuo del país con la Ley de Transición Energética (LTE) promulgada en 2015, desde su implementación ha sido el pilar de la política nacional en materia de energías limpias, sostenibilidad energética y mejora de la industria eléctrica a medio y largo plazo.  

El enfoque principal es establecer metas y una hoja de ruta para la adopción de energías más limpias, promoviendo la reducción de emisiones contaminantes en la industria y disminuyendo la dependencia de combustibles fósiles, siempre con criterios de viabilidad económica. 

Cabe aclarar que este documento resultó de un proceso de coordinación institucional y utiliza información actualizada de diversas instituciones del sector energético, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 

Sin embargo, Ramses Pech, experto en el sector energético, señaló a Surtidores Latam que México enfrenta desafíos significativos en su transición hacia un panorama energético más sostenible. Pech destacó que hubo un aumento en la dependencia del gas natural, proveniente en gran medida de Estados Unidos. 

Según el especialista, las energías convencionales han disminuido del 79.7% en 2016 al 68.8% en 2022, mientras que las energías limpias han aumentado del 20% al 31.2%. El mismo advirtió que las proyecciones futuras indican que México no alcanzará la meta de net cero para el año 2050. Se estima que para 2024, sólo el 35% de la matriz energética será de fuentes limpias, y se espera un modesto aumento del 4% para 2033, alcanzando el 50% en 17 años. 

Asimismo, el asesor recomendó promover el suministro de combustibles diésel de bajo azufre, actualizar las normativas de emisiones y rendimiento de combustibles para vehículos ligeros y pesados, y desarrollar una hoja de ruta para la movilidad de personas y mercancías en el país. 

A pesar de las identificaciones de problemas, Pech hizo hincapié en la falta de detalles en cuanto a la financiación y el tiempo necesario para implementar estas medidas, ya que las políticas actuales podrían resultar en un atraso de transición energética de hasta una o dos décadas, y si no se toman medidas decisivas, este retraso podría extenderse a siete u ocho décadas, con consecuencias económicas y medioambientales significativas.