Estaciones de Servicio han recibido una considerable multa por presunta manipulación de precios, aunque analistas cuestionan la solidez de las pruebas. 

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) ha impuesto una multa de 437 millones de pesos a varias gasolineras por presuntas prácticas anticompetitivas. Sin embargo, los fundamentos de la decisión han despertado escepticismo entre analistas, quienes advierten que la argumentación del regulador podría carecer de solidez suficiente para sostenerse ante una revisión judicial.   

De acuerdo con la información recolectada por Surtidores Latam, COFECE ha comunicado que las gasolineras sancionadas manipularon los precios de la gasolina regular y premium entre 2014 y 2021, afectando así a los consumidores.   

Esta medida alcanzó a 15 Estaciones de Servicio, dos directivos y a la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (AMEGAS). Asimismo, la investigación realizada durante un foro organizado por AMEGAS entre 2014 y 2017, los involucrados habrían acordado no reducir los precios, violando las leyes de competencia.   

En este sentido, Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, expresó sus reservas sobre la coherencia del caso, sugiriendo que las pruebas disponibles hasta ahora no parecen concluyentes. “Escuché a la presidenta de la COFECE referirse a la existencia de patrones en los precios, pero estos patrones pueden responder a múltiples factores ajenos a prácticas ilegales”, comentó.   

El mismo hizo hincapié en la necesidad de contar con evidencia clara sobre los acuerdos que supuestamente se alcanzaron en el foro señalado por la COFECE. «Es ahí donde radica la fortaleza del caso; sin pruebas contundentes, las sanciones podrían no prosperar», señaló.   

El analista Ramsés Pech, por su parte, advirtió que las empresas afectadas no se quedarán de brazos cruzados y probablemente recurrirán al amparo para evitar sanciones mayores.   

El procedimiento de impugnación podría extenderse en varias etapas: en una primera instancia, un juez federal deberá determinar si confirma o anula la resolución de la COFECE. En caso de ser ratificada, la decisión podría ser revisada por un tribunal colegiado, que tendría la última palabra sobre la legalidad de la sanción.   

Cabe destacar que Montufar insistió en la importancia de esperar la publicación de la resolución completa para evaluar con precisión el alcance de la investigación.