Las cifras del cierre del año pasado revelan una pérdida que supera el presupuesto anual de la Secretaría de Energía y amenaza con desestabilizar el mercado formal de combustibles. 

El mayor decomiso de combustible ilegal registrado en el país tuvo lugar a finales de marzo de este año, cuando elementos del Gabinete de Seguridad aseguraron 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas. Según datos oficiales, el combustible, que había ingresado a bordo del megabuque Challenge Procyon proveniente de Texas, fue declarado como aditivo para aceites vegetales, pero durante una inspección fue identificado como hidrocarburo ilegal.    

El operativo, encabezado por fuerzas federales, también incluyó el decomiso de armamento, equipo de cómputo, tractocamiones, contenedores y diversa documentación que ahora forma parte de una investigación abierta por la Fiscalía General de la República en colaboración con autoridades aduanales.   

Casi al mismo tiempo, en Ensenada, Baja California, otro operativo federal reveló una red de almacenamiento clandestino en un predio vinculado al ex senador de Morena, Gerardo Novelo Osuna. Allí se aseguraron 7.9 millones de litros de combustibles ilícitos. En conjunto, ambos operativos permitieron la incautación de casi 18 millones de litros de hidrocarburos con un valor comercial estimado de 432 millones de pesos. Sin embargo, esa cifra apenas representa lo que el Estado mexicano pierde en un solo día a causa del contrabando fiscal de combustibles, también conocido como huachicol fiscal.   

Durante 2024, esta modalidad de evasión fiscal provocó pérdidas por 177 mil 170 millones de pesos. La cifra, revelada por la consultora Petrointelligence, reflejó un promedio de 485 millones de pesos diarios que dejaron de ingresar al país. El impacto es de tal magnitud que representa el 44 por ciento de toda la recaudación por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a gasolinas y diésel. La afectación se distribuyó principalmente entre dos impuestos fundamentales: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con 124 mil 209 millones de pesos no recaudados, y el propio IEPS, con una merma adicional de 52 mil 960 millones de pesos.   

El mecanismo detrás de estas pérdidas tiene que ver con el ingreso de combustibles al mercado nacional sin cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes. Se estima que el huachicol fiscal representa el 30 por ciento del volumen total vendido legalmente. En términos concretos, de los 62 mil 664 millones de litros comercializados por canales legales durante 2024, cerca de 18 mil 798 millones de litros habrían sido vendidos por fuera del sistema regulado.   

Los combustibles más afectados fueron la gasolina Magna, con una pérdida estimada en 105 mil 581 millones de pesos; el diésel, con 43 mil 354 millones; y la gasolina Premium, con 28 mil 235 millones. Para dimensionar la magnitud del daño, basta mencionar que todo el presupuesto anual asignado a la Secretaría de Energía (Sener) en ese mismo año ascendió a 179 mil 115 millones de pesos, apenas dos mil millones por encima de lo que se esfumó a través del huachicol fiscal.   

Más allá del impacto sobre las finanzas públicas, esta práctica tiene efectos directos sobre el precio que pagan los consumidores. Desde Petrointelligence sostuvieron que si el huachicol fiscal pudiera eliminarse por completo, el precio de la gasolina Magna podría reducirse hasta en 2.78 pesos por litro. Este ahorro potencial se explica porque una mayor recaudación permitiría reducir la presión fiscal sobre los comercializadores formales, quienes actualmente deben competir con actores ilegales que venden combustible más barato pero sin pagar impuestos.   

Ante este panorama, el debate sobre soluciones estructurales ha cobrado fuerza. Durante una reciente mesa de análisis organizada por expertos del sector energético, Andrés Gutiérrez Torres, director general de CIEFSA, destacó el rol que puede jugar la trazabilidad en la cadena de suministro de combustibles. El mismo explicó, la implementación de sistemas robustos de rastreo desde el origen hasta el consumidor final permitiría asegurar la calidad del producto, garantizar el cumplimiento de normas técnicas y reducir significativamente la posibilidad de adulteraciones.   

Gutiérrez Torres señaló que uno de los principales desafíos es el control del origen del combustible, ya que la falta de trazabilidad facilita el ingreso y la distribución de producto ilegal en el mercado nacional. A su juicio, un sistema de seguimiento transparente protegería tanto a los consumidores como a los empresarios del sector y contribuiría a combatir las pérdidas fiscales, que podrían superar los 19 mil millones de pesos anuales si no se implementan mecanismos de control eficaces.