El sector hidrocarburos enfrenta un entorno incierto, con reglas más estrictas y una demanda creciente de cumplimiento técnico y legal. 

A mitad del proceso de transición estipulado por la Ley del Sector Hidrocarburos, el panorama regulatorio para las Estaciones de Servicio en México enfrenta un punto de inflexión. A 90 días del plazo de 180 marcado por la legislación, los gasolineros viven un momento de tensión e incertidumbre, con cambios normativos en curso y un entorno cada vez más exigente en términos legales, ambientales y sociales.   

Luis Omar Guzmán Juárez, especialista en transición energética, advirtió a Surtidores Latam que el país está justo en la mitad del camino. En sus palabras, la reconfiguración normativa avanza, pero con múltiples vacíos y contradicciones, lo que obliga a diversos actores a redoblar esfuerzos para entender y adaptarse a las nuevas reglas del juego. El mismo subrayó la necesidad de evitar errores del pasado y anticiparse a un marco que será más estricto en cuanto a cumplimiento y supervisión.   

Entre los puntos principales destacó la emisión de leyes secundarias, como la del sector Hidrocarburos y la de la Comisión Nacional de Energía (CNE), enfocadas en los principios de justicia y soberanía energética.    

La reciente publicación del Reglamento Interno de la CNE permite entender mejor su estructura y saber a quién dirigir las solicitudes de permisos, un aspecto que cobra relevancia ahora que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) mantiene suspendida la recepción de trámites, conforme al Acuerdo Núm. A/023/2025.   

Además remarcó que durante abril, no se otorgaron ni modificaron permisos para estaciones de servicio, y la comunidad del sector se pregunta qué pasará con las solicitudes ya iniciadas y qué camino seguir en adelante. Guzmán Juárez sostuvo que, aunque los permisos en curso se resolverán conforme a la normativa vigente al momento de su solicitud, la interpretación puede ajustarse para no contradecir la nueva legislación.   

“Comenzar un nuevo proyecto será complicado”, mencionó el especialista. No solo por la complejidad administrativa, sino también por las evaluaciones ambientales y sociales que ahora tendrán mayor peso. La reforma al artículo 2º constitucional otorga mayor poder a comunidades indígenas, lo que puede derivar en negativas al aprobar Evaluaciones de Impacto Social (EVIS), antes consideradas una formalidad.   

En este nuevo escenario, la planeación debe comenzar desde el cumplimiento legal. La vigilancia sobre transporte, almacenamiento y calidad de los combustibles será más estricta. Se busca evitar prácticas de simulación, como declarar productos petrolíferos como petroquímicos al momento de su ingreso al país, una táctica común del llamado «huachicol fiscal», que sigue siendo un problema latente.   

La formulación de combustibles también será objeto de mayor regulación. El gobierno ha enfatizado que la calidad de gasolinas y diésel incide directamente en la salud pública y en el derecho a un medio ambiente sano, por lo que la aditivación será más monitoreada.   

Guzmán Juárez concluyó que, en este contexto, operar dentro del marco legal no es solo una obligación, sino una condición indispensable para la viabilidad de cualquier iniciativa. Exhorta a los actores del sector a participar activamente en foros y espacios de diálogo con los reguladores, para identificar y superar los obstáculos que impiden el desarrollo energético del país.