Romero sigue la campaña emprendida por su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para erradicar la corrupción endémica. La estrategia implica liderar con un ejemplo austero, y eso es lo que Romero intenta hacer en la compañía más importante de México. Los impuestos y derechos pagados por Pemex contribuyen con el 20 por ciento del presupuesto del gobierno federal, por lo que su suerte y la del país están unidas de manera inseparable. 


Hoy por hoy, esa codependencia es más una carga que una ayuda. El 6 de junio, la calificadora de riesgo Fitch Ratings rebajó los bonos de Pemex a grado basura, aduciendo la caída en la producción de crudo y la creciente deuda de la compañía, y también recortó la calificación de la deuda soberana de México. Moody’s Investors Service soltó otro golpe, cambiando la perspectiva del país y la de Pemex a negativa. 


En el transcurso de una entrevista de dos horas el mes pasado, Romero refirió sus planes para apuntalar al vacilante gigante, que tiene un presupuesto anual de 24 mil millones de dólares y emplea a unas 128 mil personas en todo el país. Aunque lleva en la dirección poco más de seis meses, Romero presumió el éxito de algunas de sus iniciativas, incluyendo el nombramiento de honestos lealistas de López Obrador en altos puestos directivos de la petrolera y el combate al multimillonario negocio del huachicoleo. 


Romero Oropeza, un agrónomo de 60 años sin experiencia en la industria petrolera, no ha logrado convencer a los inversionistas de que su campaña de “manos limpias” equivale a un plan de negocios viable. Priorizar la lucha contra la corrupción es “un error”, asegura Luis Maizel, gerente senior de LM Capital Group en San Diego, una gestora de inversiones que posee bonos de Pemex. Maizel sostiene que ese es el trabajo del Órgano Interno de Control de la empresa, no del director. Romero debería dedicar su tiempo a pensar cómo detener una caída de 14 años al hilo en la producción de crudo. “Tienes que resolver todo al mismo tiempo. No se puede resolver una cosa a la vez”, dice Maizel. 


s abultada de todas las compañías petroleras del mundo, públicas o privaA los inversionistas no les interesa ver cómo Romero ‘limpia’ Pemex y extirpa las manzanas podridas en su interior, lo que quieren es que contenga la podredumbre misma que se refleja en su balance financiero. Su deuda, que supera los 100 mil millones de dólares, es la más abultada de todas las compañías petroleras del mundo, públicas o privadas. 


Los analistas también quieren ver un plan más concreto para reactivar la producción, sobre todo después de que la administración de López Obrador suspendió las subastas que habrían permitido a Pemex compartir la carga financiera de explotar yacimientos con socios privados. Los inversionistas a su vez quieren garantías de que la refinería de 8 mil millones de dólares que el presidente quiere construir en su natal Tabasco no desvíe recursos, ni la atención de la directiva, de esa tarea. 


Huachicoleo


El logro más importante de Romero ha sido la drástica reducción del robo de gasolina, un problema de larga historia que empeoró en los últimos años, conforme los cárteles de la droga incursionaron en la actividad. Inmediatamente después de asumir el cargo en diciembre, López Obrador desplegó soldados para vigilar los ductos de Pemex e inició una investigación sobre las gasolineras sospechosas de vender huachicol. La ofensiva coincidió con la explosión de un ducto en el estado de Hidalgo en enero que mató a más de cien personas que se habían reunido allí para recolectar gasolina de una toma clandestina. 


Romero aseveró que la tragedia solamente consolidó su determinación y la del gobierno, y que esas políticas redujeron las pérdidas de Pemex por robo en un 95 por ciento desde noviembre, lo que se traducirá en 32 mil 600 millones de pesos en ingresos adicionales este año. Los analistas cuestionan cómo llegó Pemex a esos números: “Sería útil una mayor transparencia en el cálculo de esta reducción”, menciona Ixchel Castro de la consultora de energía Wood Mackenzie. 


Un viejo aliado


Romero y AMLO se conocieron a principios de los años noventa en Tabasco, donde ambos se involucraron en un movimiento de izquierda que desafiaría el monopolio del poder del PRI. 


Sin embargo, a diferencia del presidente, Romero elude los reflectores. Rara vez se le ve en algo más formal que una guayabera, no ha participado en las conferencias de resultados financieros de Pemex y recela de los periodistas. Raramente da entrevistas o habla en eventos públicos. 


Cuando López Obrador fue elegido para gobernar la Ciudad de México en 2000, fichó a Romero para dirigir la oficialía mayor. Cinco años supervisando la burocracia de la ciudad fue un ensayo general para su papel actual. “Pemex genera mucho más dinero que la Ciudad de México, y donde hay más dinero, hay más corrupción”, mencionó Romero. 


Su estrategia para limpiar a la petrolera consiste en “extirpar la cabeza del cuerpo”. Pero reemplazar a los altos cargos con su equipo no ha producido ningún resultado en ese frente. De hecho, un veterano de Pemex ascendido a un puesto de primer rango se vio obligado a renunciar a principios de 2019 en medio de informes de que había desviado miles de millones de pesos en fondos públicos en su anterior puesto en la compañía. 


Alejandro Hope, un consultor de seguridad en la Ciudad de México, recuerda que la corrupción aún era un problema cuando Romero trabajaba para López Obrador en el gobierno del entonces Distrito Federal. “Esa fue una época de escándalos en torno a los sobornos de los contratistas”, apuntó refiriéndose a los videos de 2004 donde aparece René Bejarano, entonces funcionario del gobierno recibiendo fajos de billetes del empresario Carlos Ahumada y Gustavo Ponce, en ese momento tesorero de la capital, apostando fuertes sumas de dinero en Las Vegas. “No fue extremadamente exitoso”. 


En la entrevista, Romero secundó la promesa de López Obrador de no perseguir a los corruptos de administraciones pasadas, “no estamos revisando los bolsillos de quienes nos antecedieron”, pero esa postura puede estar cambiando. A fines de mayo, la autoridad emitió una orden de arresto contra Lozoya, el exdirector de Pemex, como parte de una investigación del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal, Santiago Nieto, sobre la compra a sobreprecio de unas plantas de fertilizantes. Un juez suspendió inicialmente la orden y Lozoya ha negado todas las irregularidades en una declaración que publicó en Twitter. Otro juez eliminó posteriormente la protección inicial brindada al exfuncionario de Peña Nieto. 


Adrián Lajous, quien dirigió Pemex de 1994 a 1999, duda que el enfoque de Romero haga mella en la corrupción. “La creencia de que puede eliminarse de manera fácil y rápida desde arriba es una gran simplificación”, señaló en un correo electrónico. “Su erradicación requerirá tiempo, una estrategia detallada y una disciplina directiva sostenida”. 


Equilibrismo político


El de Romero es un complicado camino por la cuerda floja política, pues el director de Pemex debe responder, por un lado, al llamado de la Secretaría de Hacienda a la prudencia fiscal y, por el otro, a la demanda de la Secretaría de Energía de priorizar la autosuficiencia energética mediante la construcción de una costosa refinería. 


Mientras Romero ha estado ocupado en una operación para asegurar líneas de crédito de bancos internacionales, lo que le permitirá renegociar deuda por un valor de 8 mil millones de dólares, sus compañeros en la Secretaría de Energía pasan gran parte del tiempo arremetiendo contra la influencia de los mercados extranjeros, o el “colonialismo económico”, como el ahora subsecretario de Energía dijo alguna vez.  


Eso también es cierto para las políticas más generales de López Obrador. Su gobierno ha tratado de equilibrar el conservadurismo económico (recortar el gasto en salud y las estancias infantiles para cumplir con los objetivos presupuestarios y recurrir a los militares para dirigir una nueva fuerza policial nacional) con los valores de izquierda como rechazar la privatización y poner su fe inquebrantable en Pemex para resolver los problemas energéticos de México. 


El presidente ha inyectado capital nuevo y ha tomado medidas para aligerar la carga fiscal de la compañía. Su gobierno está redactando una legislación para reformar el régimen de regalías petroleras, que podría generar una reducción de 7 mil 200 millones de dólares en las contribuciones fiscales de Pemex para 2021. También postergó la emisión de nuevos bonos este año, una promesa reiterada por Romero en la entrevista. 


El director admitió que la situación financiera de Pemex era peor de lo que había anticipado: “Una cosa es lo que has leído, escuchado y otra es cuando llegas y de repente te enfrentas a la realidad de la situación”. También está tratando de reducir costos, renegociando los contratos de perforación para obtener términos más favorables y eliminando cientos de empleos. 


Romero ha interrumpido la exploración y producción en aguas profundas, y asegura que resulta menos costoso hacerlo en tierra y en aguas someras. Y también ya ha firmado los contratos para el desarrollo de 22 nuevos campos este año y habrá otros más adelante. 


Con una agenda apretada, el director general de Pemex suele trabajar los fines de semana para poder hacer cumplir con todas sus reuniones, sus visitas a campos y refinerías en todo el país, y acompañar a López Obrador a algunas de sus conferencias matutinas. 


“Hay momentos en que es lunes y no sé qué día es porque he estado en un avión”, mencionó Romero con un aspecto algo fatigado. 


Sin embargo, los inversionistas cuestionan la lógica de reducir el gasto en algunas operaciones de perforación, mientras se prodigan fondos en una séptima refinería. 


La planta, con una capacidad de 340 mil barriles por día, se construirá en el puerto de Dos Bocas y tiene 50 mil millones de pesos en recursos iniciales asignados para este año, y los 100 mil millones de pesos restantes están “garantizados” por el gobierno federal, aseveró Romero. López Obrador entregó el proyecto a Pemex luego de declarar inicialmente desierta la licitación, reiterando su ambicioso objetivo de terminar el proyecto en tres años. Posteriormente, el gobierno anunció que invitó a siete empresas a participar en la construcción de la refinería, de las cuales únicamente una, ICA Fluor, es mexicana. 


Y de súbito, el trabajo de Romero se volvió mucho más difícil, 8 mil millones de dólares más difícil. El valor del nuevo proyecto que cayó repentinamente sobre los hombros de Romero es mayor que el valor total de compañías como Peñoles, Gruma, Alsea, Kimberly-Clark o Alpek. López Obrador dice que Pemex no echará mano de su presupuesto para la construcción de la refinería, pero nadie ha explicado quién pagará los miles de millones de horas-hombre que la petrolera tendrá que mover a Dos Bocas. 


“Todo lo que están haciendo es tomar de un bolsillo para meterlo en otro”, dice John Padilla, director gerente de IPD Latin America. Incluso si el dinero no sale de Pemex, el impacto en el presupuesto público, que en última instancia financia la petrolera, es el mismo, anotó. 


La disminución de las reservas


Padilla y otros analistas de Pemex dirán que la prioridad de Romero debería ser reponer las menguantes reservas de crudo, que han caído casi 77 por ciento en dos décadas, y aumentar la producción de petróleo. Con un millón 700 mil barriles diarios, la producción actual no llega ni a la mitad de lo producido en su punto máximo en 2004. 


Romero citó un puñado de descubrimientos recientes en tierra y en aguas poco profundas. Aunque admitió que no se comparan con Cantarell, el pantagruélico yacimiento en la Bahía de Campeche que propulsó la producción mexicana durante décadas pero que ahora está casi agotado, no se desanima. Sus ojos se iluminaban mientras dibujaba un mapa de áreas de exploración en un trozo de papel. “No son campos necesariamente extraordinarios, pero hemos encontrado algunos yacimientos muy importantes”, apuntó.