Existe la pretensión de Morena de llevar a votación la reforma eléctrica en la semana que comienza el 11 de abril, es decir, en Semana Santa.

La estrategia en materia de reforma eléctrica de este gobierno ha experimentado un giro drástico en los últimos días.

Hasta hace unas cuantas semanas existía la idea de que la votación en el pleno de la Cámara de Diputados de dicha reforma constitucional sería hasta después de las elecciones de junio.

De manera sorpresiva, hace unos días, conocimos que existe la pretensión de Morena de llevar a votación esta reforma en la semana que comienza el 11 de abril, es decir, en Semana Santa.

El propio coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, admitió que en este momento no cuentan con los votos para lograr que la reforma constitucional sea aprobada.

Además, los opositores reiteraron que, en los términos actuales, votarán en contra de esa reforma. Esto incluye al PRI, al que algunos veían como la vía para sumar votos y conseguir la mayoría calificada.

¿Quiere decir esto que el presidente López Obrador ha decidido ‘matar’ la reforma eléctrica?

No necesariamente. En eso radica el cambio.

El próximo 5 de abril, en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrán de discutirse los amparos y acciones de inconstitucionalidad emprendidas en contra de las reformas a Ley de la Industria Eléctrica.

Las reformas a esta legislación fueron aprobadas por mayoría en las dos cámaras del Congreso el año pasado.

Sin embargo, no entraron en vigencia debido a que los jueces en materia de competencia económica, Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, concedieron amparos y ordenaron que no se aplicara la nueva legislación hasta que se resolviera el fondo de la cuestión.

La ministra Loretta Ortiz fue asignada para presentar la ponencia relativa a este tema.

Dicha ponencia ya se ha hecho pública. Y lo que propone es declarar constitucionales las reformas que fueron publicadas hace un año y que han sido cuestionadas por las empresas, legisladores y por la Cofece.

Entre los cambios más importantes que incluyeron dichas reformas se encuentra la modificación en el orden del despacho eléctrico para privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) respecto a los generadores privados.

También se propone que los certificados de energía limpia, que buscaban promover capacidad de generación adicional a través de fuentes renovables, tomen en cuenta la generación hidroeléctrica que ya tenía instalada la CFE, por lo que la empresa se beneficiaría de ellos aun sin generar capacidad adicional basada en fuentes renovables.

En términos prácticos, de declararse constitucionales tales reformas, una parte importante de las inversiones que las empresas privadas realizaron en el pasado estarían en un alto riesgo, en la medida que al cambiar el orden del despacho eléctrico probablemente el uso de las fuentes privadas quedaría relegado.

Al aplicarse las reformas a ley, habría un incremento promedio de los costos de generación y una mayor emisión de gases de efecto invernadero, pues dejarían de usarse fuentes renovables, que son mayormente privadas.

Me parece que el presidente se ha planteado la posibilidad de que en lugar de la reforma constitucional que tiene dificultades políticas para aprobarse, el cambio pueda quedar plasmado en una ley secundaria pero con el respaldo de la Corte, es decir, ya no sujeta a amparos.

A los inconformes con esta nueva legislación les quedaría el recurso de acudir a instancias internacionales como las que define el Tratado México, Estados Unidos y Canadá o incluso las que establece el tratado comercial con la Unión Europea.

El problema es que el lapso requerido para que estos litigios se resolvieran, seguramente generaría un largo periodo de incertidumbre que causaría un profundo daño a las inversiones.

El cambio legal pudiera estar más a la mano para el gobierno si, además de contar con el voto de la ministra Ortiz, pudieran sumarse tres votos más para impedir que se configurara una mayoría calificada a favor de la declaración de inconstitucionalidad de las reformas a esa Ley.

No sabemos si la decisión presidencial de ya no insistir en la reforma tiene que ver con una evaluación que sea factible conseguir esos votos en la Corte o simplemente es un recurso del cual se quiere echar mano. Ya veremos.