Si bien la ya aprobada reforma energética que vuelve a Pemex y CFE empresas públicas es muestra de que mantendrán un importante apoyo del Gobierno, también implicaría daños en su desempeño, señaló Moodys Ratings. 

La calificadora dijo que si bien la nueva clasificación implica que las empresas seguirán recibiendo altos niveles de apoyo gubernamental y roles dominantes en sus respectivas actividades de electricidad y petróleo, eso no garantiza que operen de manera eficiente.   

Su énfasis (de Pemex y CFE) en asegurar el suministro energético del País sin considerar el costo o el beneficio, podría debilitar el desempeño financiero de ambas empresas.   

Bajo la iniciativa, las empresas estatales priorizarán nuevas inversiones que se alineen con la agenda del Gobierno, pero la reforma revierte efectivamente la capacidad de Pemex y CFE para competir con otros participantes del mercado, expuso en un reporte publicado el pasado 25 de octubre.  

Por ejemplo, para CFE, el análisis señala que es posible que la reforma recién aprobada frene la inversión privada en energías renovables en ausencia de una mayor claridad sobre el marco que surgirá.   

En consecuencia, Moodys estima que las plantas alimentadas con gas natural sigan dominando la matriz de generación eléctrica de México.   

La nueva reforma en energía revierte la capacidad de Pemex y CFE para competir con otros participantes del mercado.   

Pese a que con la reforma energética de 2013 se buscó desarrollar la competencia, el objetivo nunca se desarrolló por completo y se mantuvo el apoyo gubernamental directo para sostener el dominio de las empresas, el cual aumentó en el Sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.   

Por lo tanto, la reforma simplemente alinea el marco regulatorio con las políticas y prácticas gubernamentales. Aunque implica una relación más estrecha entre el Gobierno y las dos empresas, tiene implicaciones limitadas para su calidad crediticia porque su apoyo gubernamental no cambiará, comentó.   

Tan sólo el apoyo gubernamental a Pemex promedió 9 mil millones anuales entre 2019 y 2023.   

Se espera que el Gobierno continúe pagando la deuda de la petrolera en medio de sus crecientes necesidades de efectivo y un deterioro fiscal proyectado para 2025 y 2026; aunque se estima que ese apoyo gubernamental tenga un costo mayor.