Uno de los riesgos de la transición energética que tiene México es cuando sus socios comerciales empiecen a instrumentar regulaciones más estrictas en materia de energía limpia, o cuando comiencen a exigir a México componentes que aún no tiene en sus producciones industriales, advirtió el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles (CMFS).

“El riesgo de Transición es importante, independientemente de que no exista en México una regulación o una política hacia el cambio climático definida, clara, contundente”, dijo Alba Aguilar, directora general del Consejo.

En conversación con Energía a Debate, la especialista destacó que los socios comerciales de México transitarán a una economía más limpia debido al liderazgo que tiene cada uno de ellos, por lo que nuestro país podría quedarse rezagado.

“Ese va a ser nuestro riesgo de transición, cuando ellos empiecen a tener ciertas regulaciones, cuando empiecen a pedirnos ciertos componentes que no tenemos en nuestras producciones, en nuestra cadena de valor, en toda la cadena de suministro”, abundó.

Aguilar participó en el seminario “Retos y oportunidades ESG hacia la Agenda 2030”, organizado la semana pasada por la firma Hogan Lovells.

A pregunta expresa sobre el impacto que tendrá la absorción de algunos organismos descentralizados, como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), por parte de Secretarías de Estado, Alba Aguilar aclaró que eso no sería un problema en sí, siempre y cuando las dependencias que los absorban tengan una estrategia clara y que traspase los sexenios.

“Aquí el tema es que las estrategias en temas de sostenibilidad, de transición energética, tienen que ir más allá del sexenio. Estamos hablando que nuestras metas en temas de Transición Energética van al 2030, al 2050, y tendríamos que tener una visión de mucho más de largo plazo, que traspase los sexenios”, subrayó.

Por ello, explicó, independientemente de que México no tenga una regulación o una política pública estricta en materia de Transición Energética, en otras partes del mundo y, especialmente los socios comerciales, seguirán avanzando en estos temas, así que tarde o temprano impondrán requisitos en los cuales el país se habrá quedado rezagado.

“Puedes tener temas de impuestos fronterizos respecto de los contenidos de carbono. Entonces, aquí es donde están estos riesgos de transición que tal vez no estamos sabiendo medir bien”, alertó.

El Consejo es un organismo del sector financiero de México que, entre sus objetivos, promueve las mejores prácticas en finanzas verdes y sostenibles. Actualmente, refirió Aguilar, se encuentran circulando más de 630 mil 700 millones de pesos en bonos verdes de unas 130 emisoras.

En este sentido, también advirtió que estos riesgos de la transición podrían tener un impacto directo en las finanzas del país.

“Si cambian los precios de la energía, si cambia el apetito de los consumidores por ciertos productos, entonces podemos tener también algunas disrupciones en el costo de los activos”, indicó y aclaró que esas “minusvalías” pueden verse reflejadas en los portafolios de inversión y en las carteras de crédito.

“Ese es el reto, que no solamente es un riesgo que deben de atacar los gobiernos, o las políticas públicas, sino que es un riesgo que deben de tomar en cuenta las empresas dado que sus activos pueden estar en cierto riesgo de tener minusvalías”, dijo.

En esta línea, refirió que en el país existen activos financieros, pero también obras de infraestructura que tienen una vida útil de largo plazo.

“Tal vez no estamos viendo cuál será ese valor, o cómo se va a potenciar ese valor en los próximos 20 años”, aseguró cuando se le preguntó si entre los riesgos de la transición se podría contar las calificaciones de riesgo de las empresas calificadoras.

La analista financiera no descartó que la minusvalía de los activos en petróleo y gas ligados al Estado –en referencia a Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, principalmente– podrían reducir la calificación país al perder valor con el tiempo, esto es, se convertirán en “activos varados” en un plazo quizá de 20 años.

“Para los activos, por ejemplo, relacionados con petróleo y gas, puede haber también minusvalías en el largo plazo dado que tienes otros costos en las energías renovables”, consideró.

Además, las minusvalías de dichos activos también pueden afectar la Hacienda Pública, al ya no contar con los ingresos habituales derivados de esos activos, especialmente propiedad del gobierno.