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Comunicado

Postura de Onexpo Nacional sobre ¿Quién es quién en los precios?
En
relación con la información presentada esta mañana sobre “Quién es quién en los
precios de las gasolinas”, Onexpo Nacional reitera su disposición y compromiso
para impulsar la transformación de las estaciones de servicio con procesos de
capacitación y de eficiencia administrativa que generen ahorros trasladables al
precio al público.
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Distintas
fuentes privadas y públicas de alta confiabilidad, como la SHCP y empresas
especializadas en servicios de información, coinciden en señalar que los
precios de las gasolinas y el diésel están directamente ligados a los del
mercado internacional. Durante el primer
trimestre de 2019, estos precios internacionales registran incrementos hasta
del 50 por ciento. Los incrementos
configuran incluso una tendencia de igual o aun mayor volatilidad en lo que
resta del año.
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Desde
enero de 2017 el mercado mexicano de gasolinas y diésel registra diferencias
regionales en los precios por los impactos de la logística de suministro (que
comprende costos de almacenamiento, distribución y transporte, entre otros).
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Onexpo
Nacional reconoce una vez más la disposición al diálogo y a la oportuna
retroalimentación manifestada por la SHCP, incluso en aspectos como el efecto
reciente que ha tenido el transporte final (de última milla) en los precios,
superior incluso a la inflación. Los gastos financieros, de operación,
administrativos y regulatorios que inciden también en el precio final.
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Consideramos
que los instrumentos disponibles para informar al público la ubicación y los
precios de la gasolina y el diésel son de gran utilidad para transparentar el
mercado, pero es conveniente se incluyan otras variables que influyen en la
decisión de compra como las calidades del producto, la imagen de las
instalaciones, la promoción, el nivel de calidad en el servicio, entre otros
diferenciadores presentes en la competencia, como lo hemos manifestado también
a la SHCP.
Coincidimos
plenamente con el presidente López Obrador cuando expresa su confianza en los
mecanismos regulatorios del propio mercado y no en los precios determinados por
decreto, que han demostrado históricamente su profunda inconveniencia económica
y social e inhibido la inversión indispensable en proyectos de infraestructura.