Debate sobre las leyes secundarias del Sistema Nacional de Anticorrupción aprobadas por la Cámara de Diputados. El presidente de Coparmex Puebla, José Antonio Quintana calificó como una medida “ocurrente” y “revanchista” la incorporación de empresarios como pioneros de esta iniciativa.
 Las leyes secundarias del Sistema Nacional de Anticorrupción aprobadas por la Cámara de Diputados que obligan a los empresarios a presentar su 3de3, dividió las opiniones de los presidentes del Consejo de Organismos Empresariales (COE) y de Coparmex Puebla sobre la incorporación de la iniciativa privada en este esquema.  

Diputados federales aprobaron el pasado viernes que la denominada Ley 3de3 se aplique para las personas físicas y morales que reciban recursos públicos o celebren contratos con los gobiernos federal, estatal o municipal para que presenten sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.  

Vía telefónica, el presidente de Coparmex Puebla, José Antonio Quintana calificó como una medida “ocurrente” y “revanchista” la incorporación de empresarios como pioneros de esta iniciativa. Por el contrario, Francisco Romero Serrano del COE avaló la propuesta pues consideró que permitirá regular y transparentar la colaboración de empresas con los gobiernos.  


 Frente al disgusto que generó a la Coparmex la incorporación de empresarios en el 3de3, José Quintana puntualizó que la dirigencia nacional del centro patronal insistirá en que reforzar el propósito de la iniciativa para la rendición de cuentas de los servidores públicos no se transfiera al sector privado.  

“Que más de 30 millones de personas tengan que presentar sus declaraciones es absurdo, es una ocurrencia de madrugada que carece de sustento. Lo que importa son los funcionarios y los políticos, no las empresas que cierren contratos con el gobierno”, expresó.  

Precisó que de mantenerse la obligatoriedad de la Iniciativa Privada para que presenten sus declaraciones, Coparmex pugnará porque se definan los criterios para que los empresarios presenten el 3de3, por ejemplo, de acuerdo con el monto del contrato pactado con entidades públicas.